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España: Gobierno español intensifica el cerco a Cataluña

© Albert Gea / Reuters | Un manifestante sostiene una Estelada (bandera separatista catalana) en frente de una camioneta de la policía regional en las afueras del edificio del ministerio de Economía catalán durante una serie de allanamientos de la policía española en oficinas de gobierno, en Barcelona, el 20 de septiembre de 2017.

Texto por Federico Cué

Última modificación : 21/09/2017

Desde que el Gobierno y el Parlamento catalán fijaron la realización del referendo independentista para el 1° de octubre, la administración central incrementó la presión para detener la consulta.

Este miércoles 20 de septiembre, el Gobierno español endureció su postura contra las autoridades para evitar la realización del referendo independentista. Un megaoperativo policial con 41 allanamientos, la detención de 14 funcionarios de la Generalitat –principal órgano del Ejecutivo catalán-, la anulación de los acuerdos parlamentarios por parte del Tribunal Constitucional y la intervención definitiva de la administración Rajoy a las cuentas del Gobierno catalán componen la serie de medidas destinadas a frenar el avance separatista.

Esta jornada marca un punto cumbre en la escalada de sanciones judiciales, políticas y de seguridad que desde Madrid iniciaron tras la oficialización de la consulta separatista.

El brazo judicial del Tribunal Constitucional y la Fiscalía General

Luego de que el Parlamento catalán aprobara el 6 de septiembre la Ley de Referendo gracias a la mayoría independentista, la primera reacción del Gobierno español fue recurrir al Tribunal Constitucional. Este organismo, en menos de 24 horas, suspendió de manera cautelar la normativa al considerarla “ilegal”.

Idéntico camino siguió la Ley de Transitoriedad Jurídica, aprobada el 8 de septiembre por el Legislativo catalán para regular la transición de Cataluña a estado independiente, y también suspendida en forma cautelar por el Tribunal Constitucional español cuatro días después.

La última intervención del ente constitucional se dio este miércoles 20 de septiembre con la suspensión definitiva de los acuerdos parlamentarios alcanzados el 6 y 7 de septiembre, que permitieron el trámite y posterior aprobación de las leyes antes mencionadas.

Otro brazo judicial que tuvo participación en el conflicto fue la Fiscalía General española. El 13 de septiembre, la dependencia liderada por José Manuel Maza ordenó investigar y citar a declarar a los alcaldes catalanes que colaboren con la realización del referendo de independencia. La comparecencia debía concretarse el martes 19 de septiembre, pero los mandatarios que asistieron se negaron a prestar testimonio.

Allanamientos y detenciones a funcionarios del gobierno catalán

La intervención de la Guardia Civil española inició apenas se confirmó la declaración de inconstitucionalidad del referendo independentista. Desde ese momento se multiplicaron los allanamientos para incautar material ligado a la consulta, evitar la propaganda incluso en medios de comunicación y detener acciones relacionadas a la campaña.

El primer episodio ocurrió el 8 de septiembre, cuando los oficiales registraron la imprenta de Constantí, en la provincia de Tarragona, al sur del territorio catalán, por posible impresión de boletas ligadas a la consulta. Al día siguiente, un operativo similar se dio en el semanario El Vallenc, de la localidad de Valls, en la mencionada provincia catalana.

Los raids se sucedieron en los días posteriores en imprentas de distintos puntos de la región. Uno de los más significativos se dio el 17 de septiembre: los agentes se llevaron 1.300.000 carteles, dípticos y folletos de publicidad institucional y propaganda por el “sí”.

Sin embargo, las primeras imágenes de tensión se vieron este martes 19 de septiembre. La Guardia Civil ingresó en cuatro sedes de la operadora postal Unipost, donde secuestraron 45.000 certificaciones de notificaciones que iban a ser enviadas a autoridades electorales para el 1° de octubre. En una de esas instalaciones, en la localidad de Terrasa (Barcelona), un grupo de personas intentó impedir el acceso del secretario judicial y la salida de una furgoneta con documentación incautada. Esto provocó la intervención de los Mossos d’Escuadra, la policía catalana, que desalojó a los manifestantes por la fuerza.

Este miércoles 20 de septiembre, el accionar de la Guardia Civil encontró su índice más alto. En total, hubo 41 registros a diversas oficinas del gobierno catalán, a la sede del partido de extrema izquierda catalán Candidatura de Unidad Popular (CUP) y a domicilios particulares, mientras que 14 funcionarios del gobierno catalán fueron detenidos.

Madrid interviene las cuentas catalanas

El otro frente abierto por España para detener las aspiraciones independentistas es el económico. Con la justificación de evitar que se desvíen fondos públicos para la organización de la consulta del 1° de octubre, el gobierno de Mariano Rajoy dispuso el 15 de septiembre un mecanismo de control de pagos para Cataluña, por un período inicial de 48 horas y bajo la consigna de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, adoptara un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto.

El 19 de septiembre, el Tribunal Supremo del recurso de la Generalitat aceptó un pedido del gobierno catalán para suspender la medida de la administración española, recurso que según las autoridades regionales alcanza para volver a disponer de los fondos. Sin embargo, de acuerdo al Ejecutivo español, la jurisprudencia señala que la Abogacía del Estado tiene 10 días para responder a la medida cautelar solicitada y, recién transcurrido ese plazo, el organismo judicial puede decidir si suspende o no el cepo a las cuentas catalanas.

Sin embargo, este miércoles 20 de septiembre, el Gobierno español fue más allá. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó la orden para declarar la no disponibilidad presupuestaria de las cuentas de Cataluña, medida que le quita el control total de las cuentas a la Generalitat y lo traslada al Ejecutivo español.

Primera modificación : 21/09/2017

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