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Australia, forzada a restablecer servicios básicos en un campamento de refugiados

© Reuters | Solicitantes de asilo en Australia protestan contra el cierre del campamento de refugiados en la isla Manus en Papúa Nueva Guinea.

Texto por Santiago López

Última modificación : 03/11/2017

Las autoridades australianas intentaron cerrar sin éxito un campamento para refugiados en la isla de Manus en el que permanecen atrincherados 600 solicitantes de asilo sin alimentos.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas hizo un fuerte llamado al gobierno de Australia para restablecer el suministro de alimentos, agua y servicios de salud para los 600 refugiados que permanecen en la isla de Manus, un territorio que pertenece a Papúa Nueva Guinea, pero donde Australia mantenía un campamento para solicitantes de asilo, como una manera para frenar la llegada de refugiados ilegales por vía marítima a su territorio.

Los detenidos en el campamento de la isla Manus han desafiado los intentos de los gobiernos de Australia y de Papúa Nueva Guinea (PNG) por cerrar el campo, afirmando que temen represalias violentas de la comunidad local si son trasladados a otros centros de tránsito para solicitantes de asilo.

“Pedimos al gobierno australiano (…) que en primer lugar que brinden de inmediato protección, alimentos, agua y otros servicios básicos”, dijo el portavoz encargado de los derechos humanos Rupert Colville en una conferencia de prensa a los medios locales.

Desde ese punto de vista “Australia tiene la obligación de restablecer los servicios básicos de acuerdo a las leyes internacionales de derechos humanos y la Convención de Refugiados de la ONU de 1951”, afirmó Colville a los periodistas presentes.

Australia se vio en la obligación de clausurar el campamento por la declaración constitucional de Papúa Nueva Guinea

El centro de detención y estancia temporal de Manus era administrado por las autoridades australianas como un mecanismo para que los solicitantes de asilo permanecieran en sus instalaciones mientras recibían una respuesta oficial a su pedido y así disminuir la llegada de inmigrantes ilegales a Australia.

Pero la historia cambió cuando en 2016, el Tribunal Supremo de PNG declaró inconstitucional el recinto dado que las leyes papúas prohíben restringir el movimiento de los peticionarios de asilo de forma indefinida. Por este motivo Australia se vio en la obligación de clausurar el campamento.

Las autoridades de PNG se comprometieron a reubicar a los residentes en otros campos en un plazo de 12 meses, pero 600 de ellos se rehusaron a dejar el lugar, lo que dio origen a una disputa entre autoridades y solicitantes.

Colville se unió a las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) quien advirtió que hay una “emergencia humanitaria en desarrollo” en el centro donde los solicitantes de asilo han tenido que cavar pocos para intentar encontrar agua a medida que disminuyen los suministros.

La mayoría de los residentes del campo son ciudadanos que han huido de conflictos como los de Afganistán, Sudán del Sur, Pakistán, Somalia y Siria, otros llegan de lugares más cercanos como integrantes de la minoría rohingya de Myanmar, Timor del Este, Indonesia o Camboya.

Canberra dice que la controvertida política de asilos ayuda a ‘combatir la migración ilegal y el tráfico de personas’

El centro de refugiados de la isla Manus junto con otro en la República de Nauru, un país insular vecino, hacen parte de una controvertida política establecida en 2012 por Australia que le permite a ese país tramitar solicitudes de asilos en terceros países, cuando normalmente este proceso se cumple en el país de destino o de origen del solicitante.

El gobierno en Canberra argumenta que dicha política ayuda a combatir la migración ilegal y el tráfico de personas porque disuade a los traficantes y a los mismo migrantes para que no corran riesgos al embarcarse en travesías peligrosas para tratar de llegar a las costas del norte de Australia.

Durante las dos últimas décadas, Australia ha acogido entre 12.000 y 13.000 inmigrantes anualmente a través de un programa de migración humanitaria controlada, pero esa política podría cambiar dado que la coalición Liberal-Nacional actualmente en el poder y la oposición Laborista intentan endurecer la política hacia los inmigrantes.

Con Reuters

Primera modificación : 03/11/2017

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