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La “ley contra el odio” genera profundos interrogantes en Venezuela

© EFE | La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez (c); al fiscal general, Tarek Saab (d) y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno (i), el pasado 9 de noviembre de 2017, en Caracas, Venezuela.

Texto por Ángela Gómez , Fabián Cristancho

Última modificación : 10/11/2017

Con la nueva ley, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, podrían ser inhabilitados partidos políticos, organizaciones y medios de comunicación. Oposición y organizaciones de derechos humanos se declararon alarmados.

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, rechazó la aprobación de la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” que tuvo el visto bueno el pasado miércoles 8 de noviembre de la Asamblea Nacional Constituyente, constituida en su mayoría por oficialistas.

Aunque el supra poder argumentó que algunos colectivos políticos fomentan la división del país y el odio entre los venezolanos, la mayoría de legisladores consideran que es justamente esa medida la que promueve “la división y la destrucción del país”.

"Esa ley es la ley del odio, no es para frenar el odio. Esa ley lo que promueve en Venezuela es el odio”, dijo el presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, en rueda de prensa.

La medida castigará con hasta 20 años de cárcel actos que se consideren de discriminación por raza, extracción social o ideología política, además de contemplar el cierre de medios y partidos que, según el oficialismo, promuevan "el fascismo".

Tras la aprobación de la medida, la presidenta de la constituyente, Delcy Rodríguez, informó que "para las redes sociales también hay regulaciones muy específicas. Está prohibida la promoción, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia en un lapso de seis horas. Si no, van a ser sujeto de sanciones", dijo la funcionaria.

La ley ha abierto preocupaciones e interrogantes en Caracas. En diálogo con France 24, la diputada Gaby Arellano, dirigente del partido político Voluntad Popular, resaltó que la Constituyente “ha querido usurpar las funciones de la Asamblea Nacional” y que “este fracaso de ley no está bajo la carta magna, no tiene ninguna legalidad y por eso es fraudulenta”. Lo que condensa la posición de los movimientos que se oponen al presidente Nicolás Maduros sobre las más recientes decisiones de la Asamblea.

Julio Borges se refiere a la "Ley contra el odio"
El presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, habla durante una rueda de prensa este, jueves 09 de noviembre de 2017, en Caracas (Venezuela). El Parlamento, de mayoría opositora, rechazó la "Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. © EFE

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH: La ‘ley contra el odio’ “tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país”

Para Alberto Aranguibel, analista político y constituyente, la ley “ampara al ciudadano en su condición humana más extendida porque consagra como delito todo tipo de discriminación, ya sea por creencias políticas, religiosas, o por razones de orientación sexual o racial de cualquier naturaleza, penalizando a la vez la comisión de tal delito de discriminación o de odio".

Pero Francisco Barbosa, Ph. D. en Derecho Público de la Universidad de Nantes, ve con otros ojos la controversial ley. Para el experto, “es una ley que puede terminar atacando a los partidos políticos, no le veo una alternativa distinta a seguir acabando a la oposición". Además, llama la atención sobre los posibles efectos directos sobre los opositores pues medidas como estas harían que “la oposición empiece a fragmentarse y piense en la idea que la negociación puede ser una alternativa, lo que llevará a que muchos de esos políticos terminen uniéndose al régimen de Maduro”.

Adicionalmente, la ley obligará a los medios de comunicación a difundir mensajes que promuevan "la paz, la tolerancia, la igualdad", y el "Estado podrá ordenar la difusión" de esos contenidos "por un tiempo de 30 minutos semanales", dijo la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez.

Por eso Gaby Arellano cree que esta “es una herramienta para perseguir a la disidencia, para limitar al periodismo y para coartar cada instante más la libertad de expresión”.

Y desde afuera, hay más preocupación. Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lanzó la alerta pues teme que la enmienda tenga “el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías, es mucho más grave de lo que parece a primera vista”.

Alberto Aranguibel, analista político: “esta Ley viene a ser un instrumento indispensable de verdadera redención para la tranquilidad y la paz”

Los que ven con buenos ojos los alcances de la norma, destacan que con la entrada en vigor se podrá encontrar la estabilidad institucional después de los eventos violentos de los últimos meses entre el oficialismo y la oposición. “En este momento en el que se ha desatado una guerra frontal contra la estabilidad institucional y contra el pueblo en general que padece sus consecuencias, esta Ley viene a ser un instrumento indispensable de verdadera redención para la tranquilidad y la paz en el país”, le dijo a France 24 Alberto Aranguibel.

Pero para el director ejecutivo para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “la ley “anti-odio” hunde a Venezuela aún más en el régimen dictatorial de Nicolás Maduro” trinó al conocer los alcances de la norma.

La ley surgió de una propuesta del presidente Nicolás Maduro, debido a las protestas antigubernamentales, varias de ellas violentas, que se desarrollaron entre abril y julio de este año.

El mismo argumento usó la Constituyente para iniciar un proceso judicial contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el opositor Freddy Guevara y que podría utilizarse también para investigar al presidente del poder legislativo, Julio Borges.

Estos movimientos sumados a la ‘Ley contra el Odio’, podrían ser vehículo para evitar o limitar la participación de la oposición en las elecciones presidenciales del país, que según confirmó el propio presidente Maduro, tendrán lugar en 2018, cuando finaliza el período, que inició Hugo Chávez en 2012, cinco meses antes de fallecer.

Por el momento no hay claridad sobre esos comicios y el país está atento a las elecciones de alcaldes, que serán el 10 de diciembre y en las que los principales partidos opositores no participarán, pues argumentan que la autoridad electoral es fraudulenta.

El diálogo iniciado entre el oficialismo venezolano y la oposición en República Dominicana aún no da frutos

Sobre el diálogo iniciado en septiembre en República Dominicana, entre la opositora Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno chavista, para intentar resolver la crisis política de la nación petrolera, aún no hay resultados palpables.

El presidente de la comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el opositor Luis Florido, informó que la oposición está lista para retomar un proceso "serio" de diálogo y adelantó que está por confirmarse una fecha para retomar las conversaciones.

Florido señaló que la prioridad es llegar a "una negociación internacional efectiva para llevar soluciones claras a los venezolanos" y el centro de los encuentros sería precisamente el tema electoral.

Lo que queda en duda ahora es cómo afectará la "Ley contra el odio" a los renovados ánimos para sentarse a dialogar y quiénes serán los primeros sancionados con la medida.

Primera modificación : 10/11/2017

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