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Perú: lluvia de renuncias y una petición a la CorteIDH tras el indulto a Fujimori

© Mariana Bazo / Reuters | Personas sostienen retratos de algunas de las víctimas del conflicto de los 80 y 90 después de que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski perdonara al expresidente Alberto Fujimori en Lima, Perú, el 25 de diciembre de 2017.

Texto por Fabián Cristancho

Última modificación : 27/12/2017

El indulto del presidente Kuczynski al expresidente Fujimori sigue generando reacciones en Perú. Renuncias de funcionarios y congresistas y solicitudes a organismos de derechos humanos complican la crisis política.

El presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski pasó de una semana en la que por poco el Congreso lo destituye a ser el blanco de críticas de sectores que antes le habían dado su apoyo.

Esto por la decisión que tomó el 24 de diciembre, en sus palabras “la más difícil de su vida”, de concederle el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori al considerar que la cárcel representaba un “riesgo para su vida”.

El perdón presidencial al político condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad llegó solo tres días después de que el presidente Kuczynski hubiera enfrentado una moción en su contra que ponía en aprietos su continuidad en el palacio presidencial y que a último minuto varios fujimoristas cambiaron su voto y terminaron beneficiando al presidente cuestionado por sus nexos con la constructora Odebrecht.

Las protestas en algunas plazas públicas en Lima no han dado tregua desde el mismo día en que se conoció el perdón, sin importar las fiestas navideñas. A escasos días del fin del año se conocen las primeras decisiones que dejan aún más resquebrajada la estabilidad política de ese país.

El director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez presentó su renuncia dos días después del indulto. Lo propio hizo el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.

En sus cartas de renuncia, Roger Rodríguez dijo que Fujimori “no calificaba para la concesión de un indulto humanitario”. Sánchez señaló que le resulta “insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas”.

Este 27 de diciembre el consejero presidencial de Kuczynski, Máximo San Román, también anunció su dimisión alegando que "muchas de mis recomendaciones (...) no han sido tomadas en cuenta por la resistencia de las personas de su entorno".

También el ministro de Cultura, Salvador del Solar, se hizo a un lado del Gobierno. "He presentado mi renuncia al cargo", escribió en Twitter, quien en reiteradas ocasiones se declaró en contra del perdón a Fujimori.

Las renuncias llegaron al legislativo, donde también se formalizó la renuncia a la bancada del oficialismo del legislador Alberto de Belaúnde y según EFE se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa, otro golpe al mandatario ahora a merced de la mayoría opositora en el Congreso.

Raida Cóndor, madre de joven asesinado en La Cantuta: “se comprenden bien entre ladrones”

Pero quizá la acción más significativa vino de los familiares de las víctimas por los hechos que Fujimori fue condenado.

El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) presentaron una acción contra el indulto a Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) representando a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 personas muertas.

Para los familiares de las víctimas es necesario que se revise el indulto que podría tener irregularidades y que estaría socavando sus derechos como afectados de los hechos ocurridos entre 1991 y 1992.

El abogado Carlos Rivera, del (IDL) explicó en Canal N, y recogio por RPP, que pedirán a la CorteIDH “una resolución de supervisión de cumplimiento de sus sentencias por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, a los que el tribunal internacional consideró como crímenes de lesa humanidad, por lo que el indulto a Alberto Fujimori puede ser un acto de impunidad contra el cumplimiento de esos dictámenes”.

La palabra “impunidad” es lo que más se repite en las consignas de los peruanos que han salido a protestar contra el indulto que consideran “ilegal”.

“(El indulto) salió a favor de Fujimori porque se comprenden bien entre ladrones”, le dijo Raida Cóndor, madre de una de las víctimas de la masacre de La Cantuta a France 24.

Para la mujer, Fujimori debe volver a la cárcel. Su hijo, Armando Amaro Cóndor fue asesinado junto a ocho de sus compañeros y un profesor en los dormitorios de la universidad La Cantuta, en Lima, el 18 de julio de 1992 a manos del Grupo Colina, un aparato paramilitar con nexos al Ejército Peruano.

Bajo sospechas de vínculos con la subversión, los jóvenes fueron desaparecidos por el grupo. Más tarde Fujimori sería sentenciado por esta masacre en calidad de “autor mediato”.

Bajo las mismas acusaciones y un año antes fueron asesinadas 15 personas en los Barrios Altos, una zona popular de Lima. Las víctimas fueron sindicadas previamente de tener vínculos con el grupo guerrillero Sendero Luminoso. La orden habría sido dada por el consejero presidencial Vladimiro Montesinos con el beneplácito de su jefe en la época, Alberto Fujimori.

Desde la cama del hospital, el expresidente Fujimori agradeció el 26 de diciembre el indulto y dijo ser “consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón”.

Carolina Oyague, familiar de una de las víctimas de La Cantuta dijo en rueda de prensa este 27 de diciembre, y citada por OjoPúblico, que "la reconciliación no es un borrón y cuenta nueva. El perdón es un proceso personal, pero el perdón jamás será olvido".

Con el pedido de los familiares de las víctimas de las dos masacres, se espera que la CorteIDH revise el caso y tome una decisión en febrero de 2018.

Con EFE

Primera modificación : 27/12/2017

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