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Colombia: en dos años 282 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados

© Joaquín Sarmiento / AFP | Mujeres participan en un homenaje a los líderes sociales asesinados en Colombia, en Medellín, el 31 de enero de 2018.

Última modificación : 01/03/2018

La alarmante cifra la dio a conocer la Defensoría del Pueblo de ese país quien identificó que la violencia se estaría centrando en los líderes comunales, indígenas, afrodescendientes y campesinos, entre otros.

La violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia parece no cesar. Desde el 1 de enero de 2016 al 27 de febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo de Colombia indicó que se presentaron 282 homicidios de personas “dedicadas a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos”.

Solo en lo corrido del 2018 el organismo registró 22 muertes violentas.

El defensor del Pueblo Carlos Negret entregó la información este 1 de marzo durante la presentación de la ‘Alerta Temprana’ de la situación de riesgo para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Allí, explicó que la mayor cantidad de asesinatos ocurrieron en los departamentos de Cauca, Urabá, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Arauca.

El informe conocido por France 24 detalla que la violencia se estaría ensañando particularmente en 10 municipios, poniendo en relieve que el 56 % de los homicidios ocurrieron en zonas rurales. Los municipios ‘en rojo’ son Riosucio (Chocó); Tumaco (Nariño); Tame (Arauca); Corinto y Suárez (Cauca); Medellín (Antioquia); Tibú (Norte de Santander); Bogotá; Pueblo Rico (Risaralda) y Mesetas (Meta).

Carlos Negret, defensor del Pueblo: "reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social"

La Defensoría identificó además que los ataques mortales entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018 fueron asesinados 45 líderes comunales, 29 indígenas, 19 afrodescendientes, 17 comunitarios y 11 campesinos.

Negret dijo a los medios “no puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

Pero la Defensoría ya había alertado, hace casi un año, la situación de riesgo en la que se encontraban varios líderes por sus labores comunitarias. En el ‘Informe de Riesgo 010-17’, el organismo identificó que 345 organizaciones sociales compuestas por grupos de “indígenas, afrodescendientes, campesinos, sindicales, de víctimas, de población con orientación sexual e identidad de género diversa, ambientales, de reclamantes de tierras, de mujeres, jóvenes y estudiantes” estaban en riesgo.

El informe, acompañado con una lista de los líderes que se declararon ante la Defensoría en peligro, fue conocido por las autoridades pero tres de ellos fueron asesinados posteriormente en el periodo que detalla este 1 de marzo ese ente encargado de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos en ese país.

Las fechas coinciden con el sello final del acuerdo de paz entre el Gobierno de ese país y la guerrilla de las FARC, que acabó la confrontación armada de más de 50 años de ese grupo con el Estado y la implementación de ese acuerdo que, entre otras cosas, logró la desmovilización de la guerrilla y su transformación a partido político.

Según Negret, los homicidios se registran bajo tres dináminas: en primer lugar, están relacionados con la expansión de la guerrilla del ELN y los enfrentamientos entre la fuerza pública y ese y otros grupos armados, especialmente en Chocó, Norte de Santander Cauca, Arauca y Nariño.

Segundo, se relacionan con la disidencia de la disuelta guerrilla de las FARC y tercero con la "consolidación del área de dominio de los grupos armados" en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo.

© Defensoría del Pueblo de Colombia

“Es difícil de entender cómo en el año en que las FARC y el Gobierno Nacional inician la implementación de los acuerdos de paz, la violencia se focaliza contra estos activistas”, había señalado un informe de la ONG Programa Somos Defensores el pasado 28 de febrero conocido por EFE.

Las preocupantes cifras se dan, según la Defensoría, “a pesar del despliegue de algunas acciones por parte de las entidades competentes a nivel nacional y regional”.

Colombia se enfila en marzo a unas elecciones legislativas y presidenciales en mayo donde uno de los temas centrales de debate promete ser la implementación de los acuerdos de paz y el recrudecimiento de la violencia en algunas regiones.

Primera modificación : 01/03/2018

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