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Ataques contra defensores de Derechos Humanos se incrementaron en el 2017

© Presidencia de Colombia / Reuters | El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, camina cerca del río Apaporis en Vaupés, el 21 de febrero de 2018.

Texto por Luis Méndez Urich

Última modificación : 19/03/2018

Entre los meses de enero y diciembre de 2017, las Naciones Unidas realizaron una evaluación de los avances tras el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y los integrantes de la guerrilla de las Farc-EP.

De acuerdo con los resultados del informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), hubo un incremento de los ataques a los defensores de los derechos humanos durante el año 2017, en su mayoría dentro de las áreas que antes estaban afectadas por el conflicto con la guerrilla de las Farc.

En resumen, durante el año 2017 se registraron 441 ataques a defensores de los Derechos Humanos, incluyendo 121 asesinatos. El texto presentado por el departamento dependiente de la ONU revela que 84 de los asesinatos incluyeron a defensores de los Derechos Humanos líderes en sus comunidades, donde 23 de estos pertenecían a movimientos sociales.

"La falta de una presencia estatal integral, y demoras en la implementación del Acuerdo (de paz entre el gobierno y las Farc) permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia", refleja parte del informe, en donde justifica el aumento de violencia.

Es importante señalar que, dentro del grupo de asesinados, 14 fueron mujeres, lo cual refleja un incremento de 100% en comparación con los casos que se produjeron durante el año 2016. Asimismo, se supo que tres de las personas fallecidas pertenecían a la comunidad LGBT.

"Las categorías de defensores más afectados por los atentados son líderes comunitarios, indígenas, campesinos, afro-colombianos y sindicales", detalla parte del informe presentado por la oficina durante los primeros días de marzo.

Antioquia y Cauca fueron los departamentos con mayor violencia

El informe presentado responde a una solicitud realizada por el propio gobierno colombiano a la oficina del alto comisionado a raíz de la firma del acuerdo. La instancia dependiente de las Naciones Unidas estableció un monitoreo del impacto del acuerdo en términos de "disfrute efectivo de los derechos humanos" de los habitantes residentes en las zonas más afectadas por el conflicto.

En este sentido, se llevó a cabo una evaluación en las ciudades que ahora muestran una realidad distinta a partir de la desmovilización de la guerrilla. En este particular, el departamento de Antioquia y Cauca (ambos al oeste del país) fueron los que registraron un mayor número de irregularidades.

"El 62 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 por ciento en las ciudades principales", destaca el informe, al tiempo que revela que el departamento de Antioquia registró 13 hechos mientras que el departamento de Cauca contabilizó 11.

La OACNUDH manifiesta que muchos de los fallecidos fueron atacados por estar de acuerdo con políticas derivadas del acuerdo de paz. Una situación que contrasta con lo ocurrido en años anteriores, donde los defensores de Derechos Humanos fueron asesinados por oponerse a las políticas del gobierno.

En cuanto a los responsables, el departamento dependiente de las Naciones Unidas sostiene que un alto porcentaje (57%) de estos asesinatos fueron cometidos presuntamente por sicarios, lo cual dificulta la identificación de los autores intelectuales de los mismos.

"Los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a exmiembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); grupos armados ilegales – ELN (cuatro casos), ex FARC-EP (tres casos), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (un caso); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (tres casos)", agrega el informe.

Durante las protestas ocurridas en la localidad de Tumaco, departamento de Nariño, un total de siete manifestantes fueron asesinados tras oponerse a la erradicación forzada de cultivo ilícitos. Por este caso ocurrido en octubre del año 2017, un número de efectivos de la policía y el ejército están siendo investigados.

"Antes del inicio de la investigación formal, la Policía alegó que había sido atacada con artefactos explosivos improvisados. La OACNUDH no pudo confirmar esta alegación en el terreno. La OACNUDH está apoyando las investigaciones en curso sobre este incidente. Hasta el momento, dos comandantes han sido acusados", agrega el texto presentado.

OACNUDH insta a una mayor participación del estado en las zonas postconflicto

Con respecto a los hechos de violencia que se presentaron durante el año 2017, el informe sugiere cierta responsabilidad del estado debido a que una mayor participación de este, pudo haber evitado los hechos.

"La débil presencia estatal en estas zonas genera la falta de acceso de las comunidades a derechos y oportunidades para vincularse a esquemas económicos legales. Por lo tanto, aumenta la pobreza y contribuye al desarrollo o persistencia de economías ilícitas", afirma el informe.

La priorización en las investigaciones de los casos de asesinatos de defensores de Derechos Humanos por parte de la Fiscalía ha sido bien recibida por la OACNUDH. También resalta el trabajo realizado por dicha institución en la identificación de los autores materiales, aunque "en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados. La OACNUDH considera que la plena identificación de responsabilidad y sanción penal de los implicados en los ataques contra los defensores de derechos humanos es crucial, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y la no repetición", refiere el reporte.

Primera modificación : 19/03/2018

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