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Cultivos ilícitos, una tarea pendiente para el próximo gobierno de Colombia

© Raúl Arboleda / AFP | Campo de coca cerca del río Inírida en el departamento de Guaviare, Colombia el 25 de septiembre de 2017.

Texto por Tristan Ustyanowski

Última modificación : 28/05/2018

Las superficies de producción de coca han estado en constante aumento desde el año 2012. El actual Gobierno se planteó metas, las cuales no ha podido cumplir. La firma de los acuerdos de La Habana conllevó avances en el tema, pero aún falta mucho.

Según la confesión de las propias autoridades colombianas, es una lucha perdida. El objetivo anunciado en diciembre pasado por el presidente Juan Manuel Santos de erradicar 65.000 hectáreas de cultivos de coca, en vista del estado del proceso en lo que va del 2018, va a ser una de las herencias 'envenenadas' que dejará a su sucesor.

Aún más, conociendo la meta que se había planteado el recién creado Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) de arrancar 50.000 hectáreas de coca entre mayo de 2017 y mayo de este año y que no se cumplirá, según su mismo director Eduardo Díaz.

Los acuerdos de paz firmados en 2016 entre las exguerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano contemplan un ambicioso plan de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. El Punto 1 de “Reforma Rural Integral” y el 4 acerca de la “Solución  al problema de las Drogas Ilícitas” reconocen ambos la existencia de la problemática de la producción de las materias primas de las drogas ilícitas en las zonas históricamente afectadas por el conflicto.

Se previó, a través del PNIS, una amplia sustitución de estos cultivos basada en una política construida junta a las comunidades implicadas. Sin embargo, al igual que otros puntos de lo acordado, la implementación está patinando. Falta de recursos, inseguridad, carencias en los proyectos productivos, son varios los puntos de fricciones.

En pleno cierre de la campaña presidencial, este balance deslucido de la erradicación y de la sustitución de la coca podría terminar dándole ficha a la extrema derecha, cuyo candidato se mostró a favor de los métodos radicales previos a las negociaciones de paz, como la fumigación, que tienen también grandes límites de eficacia.

El próximo Gobierno heredará los grandes rezagos en la política de sustitución de cultivos

Una política integral de sustitución no debe contemplar solamente la eliminación de las matas de coca sino también un acompañamiento a las comunidades durante la transición hacia una economía legal y sostenible. Así se estableció el marco de acción del PNIS en su creación en 2017. Sin embargo, al enfocarse más que todo en la reducción, se retrasaron componentes fundamentales, tal como lo es la asistencia técnica de las familias inscritas en el programa.

En Colombia, los diferentes Congresos y gobiernos eludieron durante décadas la implementación de una reforma rural que toque las causas que sembraron las semillas del conflicto armado.

La presencia de cultivos ilícitos en las zonas históricamente conflictivas y aisladsa se inscribe en un contexto de alza de la demanda de cocaína en Estados Unidos y, por ende, un incremento de la presión de las bandas criminales (bacrim). Una razón más por la cual las comunidades de estos territorios necesitan una mayor presencia de las instituciones y un marco legal durable que les genera confianza, uno de los retos del PNIS.

En su último informe de monitoreo de la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) señala la ausencia de “plan de respuesta rápida” en la mayoría de los municipios integrados en el PNIS. Tras el previsible fenómeno de captación por las bacrim u otros grupos de los territorios dejados por la exguerrilla de las FARC, especialmente cuando se trata de zonas de producción de coca; la política nacional de sustitución tenía que incluir una capacidad de intervención inmediata del Estado para proveer seguridad y protección. “El Estado no estuvo preparado para el desarrollo de lo pactado y ha tomado decisiones sobre la marcha sin contar con medidas de excepcionalidad necesarias para afrontar la etapa de transición”, explica el informe que indica también que tan solo 9 de los 43 municipios incluidos en el PNIS se benefician de un plan de acción correspondiente.

Adicionalmente, el documento insiste en la degradación reciente de la seguridad en ciertas zonas. Las bacrim, las disidencias de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa, presionan al campesinado para mantener las producciones ilícitas. “Esta dinámica ha generado un ambiente hostil para la sustitución y aumentado la vulnerabilidad de las comunidades”, relata la FIP.

La asignación de subsidios “ha generado efectos no deseados como la presunta expansión del área y las personas dedicadas a esta actividad”

Por otra parte, el PNIS tiene que lidiar con sus propias contradicciones. Poco tiempo después de su puesta en marcha, las cifras oficiales reportaban 83.790 familias vinculadas y 67.193 hectáreas de cultivos ilícitos censadas. Apenas un año después, el número de familias se bajó a 62.182 y las hectáreas, registradas por la ONU, a 22.025. El informe resalta la falta de acompañamiento que caracteriza el programa como resultante principal del fracaso de proyectos, aunque cabe resaltar que la situación es bastante diferente según los territorios. Según el conteo de la FIP, el 65% de estas familias no recibe ninguna asistencia técnica para llevar a cabo su transición hacia la economía.

Los investigadores de la fundación subrayan también los límites de la metodología del PNIS. Pues son familias que se vinculan al proyecto, lo cual no es necesariamente lo más idóneo para los territorios, “ha hecho más difícil la intervención integral y la puesta en marcha de iniciativas de carácter comunitario”, relata el informe. De la misma manera, la asignación de los subsidios está siendo cuestionada por sus consecuencias paradójicas, “ha generado efectos no deseados como la presunta expansión del área y las personas dedicadas a esta actividad”, explica el documento, “ha sido identificada como uno de los factores que influyó en los aumentos de cultivos.”

La FIP apunta a la presión que recibe el PNIS en el marco de las políticas antinarcóticas. Los objetivos de reducción a corto plazo de las superficies contradicen la meta de la sustitución, “la transformación de los territorios necesita de una perspectiva de largo plazo enfocada en el cambio de las condiciones que han permitido que la economía ilegal de las drogas se asiente y expanda”, apunta el informe. El programa sufre en este sentido de una desarticulación institucional que genera incertidumbres sobre sus recursos y alcances.

Al igual que los demás puntos de los acuerdos de paz, el incumplimiento y la incoherencia son factores de desconfianza y desilusión dentro de las comunidades en los territorios con los cuales las autoridades no pueden dejar de contar para impulsar un desarrollo integral del país.

 “El gobierno de Estados Unidos consideró muy seriamente designar a Colombia como un país que ha fallado de una manera clara en adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas”, esas fueron las palabras de Donald Trump el 13 de septiembre de 2017.

Además de las estrategias de sustitución voluntaria logradas en los acuerdos de paz, las autoridades siguieron con los procesos de erradicación forzada. Entre 2017 y los primeros meses de este año se habría destruido unas 62.000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Colombia padece en primera línea la atomización del crimen organizado y su perfeccionamiento en cuanto al narcotráfico. Tal como lo describe Insight Crime en su último informe sobre la nueva generación de narcotraficantes que resalta también los límites de las políticas actuales, “el solo hecho de enfocarse en la erradicación de los cultivos de drogas, la incautación de cargamentos y la neutralización de importantes figuras criminales no ha permitido eliminar el flujo de cocaína desde Colombia.”

Los candidatos a la elección presidencial del próximo domingo 27 de mayo usaron ampliamente el tema de la sustitución en sus campañas. Mientras que la derecha plantearía pasar a obligatoria la sustitución, hoy voluntaria (Iván Duque) y reanudar a las fumigaciones aéreas (Iván Duque y Germán Vargas Lleras), los que representan a la izquierda y el centro prefieren hablar de inversiones en la regiones afectadas y de conexión del campesinado al mercado legal (Gustavo Petro, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo).

Primera modificación : 27/05/2018

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