Marruecos se prepara para legalizar el uso medicinal del cannabis

Archivo: Un aldeano se encuentra en un campo de cannabis cerca de la ciudad de Ketama, en la región norteña del Rif, en Marruecos, el 2 de septiembre de 2019.
Archivo: Un aldeano se encuentra en un campo de cannabis cerca de la ciudad de Ketama, en la región norteña del Rif, en Marruecos, el 2 de septiembre de 2019. © Fadel Senna / AFP

Pese a las reticencias de quienes ostentan la presidencia del Gobierno, el mayor productor de cannabis del mundo avanza hacia la legalización de la planta para su uso “industrial y médico”, según el proyecto de ley redactado por el Ministerio del Interior y aprobado en el Consejo de Gobierno. Aunque falta la luz verde del Parlamento, la legalización le permitirá al país promover un lucrativo cultivo que actualmente está en manos de traficantes.

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La cultura del cannabis es ilegal desde hace décadas en Marruecos, pero el cultivo y el consumo del llamado kif(resina del cannabis) se tolera en las montañas del Rif, una región muy empobrecida del norte del país donde esta planta tiene un valor ancestral. De aprobarse este proyecto de ley en el Parlamento, alrededor de 100.000 personas que hasta ahora dependen del cultivo ilegal en dicha región, podrían ver legalizada su labor.

El proyecto de ley 13-21 se presenta en sintonía con los últimos pasos de la ONU, que en diciembre de 2020 retiró el cannabis de su llamada lista IV de sustancias peligrosas y sin potencial terapéutico. Así pues, se busca legalizar el cultivo y todas las actividades ligadas a la comercialización de la planta para fines industriales y medicinales. Pero el uso del cannabis como sustancia recreativa seguirá en la prohibición. 

Según el texto redactado por el Ministerio del Interior, se creará una agencia estatal que monopolizará toda la actividad relacionada con el cannabis, desde la importación de las semillas hasta la producción, transformación, comercialización y exportación. Se delimitarán por decreto las zonas donde estará permitido el cultivo y los agricultores deberán organizarse en cooperativas autorizadas que venderán su producción a la agencia estatal. 

Con esto, el Gobierno de Marruecos contempla un gran negocio en un mercado que crece anualmente un 30%, según el texto difundido por el Ministerio del Interior, con un aumento del 60% a nivel europeo. Marruecos cuenta, según las cifras oficiales, con alrededor de 55.000 áreas de cultivo de cannabis. Para el Ejecutivo, la legalización del uso terapéutico del cannabis se traduce en una oportunidad económica que permitirímejorar la vida de los agricultores y protegerles de las redes de tráfico

La región necesita un plan integral de desarrollo

Sin embargo, la Asociación Amazigh de los Sanhaja del Rif, que defiende los derechos de los agricultores y habitantes de las tierras ancestrales donde se cultiva el cannabis, lamentan que no se haya contado con ellos para elaborar este proyecto de ley. Para Charif Adardak, presidente de esta asociación, no se puede solucionar el problema sin contar con los agricultores, los principales interesados en resolverlo desde hace décadas

En conversación con este medio, el activista insiste en que el problema del cannabis en el Rif tiene un trasfondo socioeconómico y cree que más allá de esta legalización, la región necesita un plan integral de desarrollo. Adardak también se muestra preocupado por las condiciones de fiscalización que se puedan imponer a los agricultores sin conocer sus necesidades y pone sobre la mesa otra cuestión importante: El proyecto habla de una planta medicinal que nada tiene que ver con la que se cultiva en esta tierra desde hace mucho, que es para uso recreativo.

En efecto, la variedad que se cultiva y vende de forma ilegal contiene un nivel muy alto de THC (tetrahidrocannabinol). Según el proyecto de Interior, se sustituirán estas semillas por otras importadas y certificadas por la agencia reguladora. En principio, según lo establecido, dos tipos de cultivo serán implantados: uno dedicado a la medicina basada en THC, cuyo porcentaje se establecerá por reglamento, y otro destinado a actividades médicas e industriales a base de Cannabidiol (CBD), otro de los componentes del cannabis. 

Archivo: Un aldeano en un campo de cannabis cerca de la ciudad de Ketama, en la región del Rif, norte de Marruecos, el 2 de septiembre de 2019.
Archivo: Un aldeano en un campo de cannabis cerca de la ciudad de Ketama, en la región del Rif, norte de Marruecos, el 2 de septiembre de 2019. © Fadel Senna / AFP

División entre los islamistas del PJD

El ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, cuyas directrices van en la misma dirección que las de Palacio, presentó el proyecto de ley de forma inesperada ante el Consejo de Gobierno del pasado 25 de febrero. Desde entonces, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que ostenta la presidencia del Gobierno, pero cuyo poder no alcanza los ministerios más relevantes ni la mayoría parlamentaria, no ha dejado de reaccionar. 

El PJD, único partido considerado islamista que es legal en Marruecos, siempre se ha mostrado contrario a la legalización del uso medicinal del cannabis, cuyo debate tiene un largo recorrido en la historia del país. Ahora, dado que el artífice de este proyecto ley es el ministerio más cercano a la jefatura del Estado y que la mayoría de los partidos de la oposición se ha ido a mostrando a favor de la legalización, parte de la formación islamista ha ido cambiando de posición. 

Esto ha suscitado sonadas divisiones dentro del partido y del Gobierno. Tanto es así, que la aprobación del proyecto de ley llegó a aplazarse hasta en dos ocasiones. Entre los islamistas partidarios de votar en contra, se erige como líder el expresidente del gobierno Abdelilah Benkirane, que decidió congelar, según sus propias declaraciones, su militancia en el PJD tras conocerse la aprobación del proyecto ley en el Consejo de Gobierno. 

Por otra parte, a falta de conocer la fecha de votación en el Parlamento, algunos medios oficiales han confirmado que el Consejo Superior de los Ulemas está preparado para emitir una fatwa (pronunciamiento sobre el derecho islámico) que podría desactivar la oposición al proyecto de ley. 

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