El líder saharaui que reavivó las tensiones entre Madrid y Rabat vuelve a Argelia

Archivo: Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, al sureste de la ciudad argelina de Tinduf, 9 de julio de 2016.
Archivo: Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, al sureste de la ciudad argelina de Tinduf, 9 de julio de 2016. © Reuters

Brahim Gali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, regresó a Argelia este 2 de junio después de que la Audiencia Nacional no le aplicara medidas cautelares. La hospitalización de Gali en España despertó el conflicto latente entre Madrid y Rabat, cuyas consecuencias llegan a toda la Unión Europea. 

Anuncios

El líder saharaui Brahim Gali regresó a Argelia este miércoles 2 de junio de madrugada. Su marcha de España se produce después de que el martes, el juez instructor Santiago Pedraz no le decretara prisión provisional ni retirada del pasaporte tras testificar como imputado en dos querellas.  Ni el juez ni la Fiscalía vieron indicios suficientes de que Gali participara en los delitos de los que se le acusa, ni apreciaron riesgo de fuga. De hecho, el secretario general del Frente Polisario opina que las denuncias son un montaje de los servicios secretos marroquíes. 

El Ministerio de Exteriores español recordó que Gali tiene libertad de movimientos y aseguró que informó a Marruecos del regreso a Argelia del líder saharaui. Sin embargo, fuentes diplomáticas citadas por el periódico El País aseguran que las relaciones entre Madrid y Rabat no se normalizarán a corto plazo.

Entre otras cosas, la crisis entre ambos países llevó a que la embajadora marroquí en España se fuera del país. Las tensiones desatadas por la acogida de Brahim Gali en territorio español tienen un trasfondo histórico: las políticas de Marruecos y de España sobre el Sáhara Occidental.

La Audiencia Nacional rechazó las medidas cautelares contra el líder saharaui

La declaración de Gali ante la Audiencia Nacional fue virtual y desde el hospital. De hecho, el ingreso hospitalario por Covid-19 en España del líder saharaui desató uno de los episodios de tensión más visibles de los últimos tiempos entre el estado marroquí y el español. Madrid aseguró haberlo acogido por razones "humanitarias", mientras que Rabat denuncia no haber sido informado y reconoce que la cuestión de fondo de la crisis es la posición española respecto al Sahara Occidental. 

Según fuentes judiciales citadas por el periódico 'El País', Brahim Gali negó todos los cargos. El líder está imputado en dos querellas en España: una interpuesta por el bloguero Fadel Breica, de nacionalidad española, que lo acusa de torturas y detención ilegal en los campamentos de Tinduf en 2019. La otra de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), que lo señala como responsable de delitos de genocidio y lesa humanidad contra disidentes saharauis y prisioneros de guerra. 

“El informe de la acusación no ha suministrado elementos siquiera indiciarios —las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado— que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno” afirma el texto citado por 'El País'. 

La Audiencia Nacional solicitó a Gali que aportara un teléfono y un domicilio donde localizarlo en España. No decretó ni prisión provisional ni retirada del pasaporte al no apreciar riesgo de fuga.

“No consta dato alguno para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse a la acción de la Justicia, máxime a la vista de que en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos investigados se ha personado en la causa y ha accedido a la práctica de su declaración, incluso a la vista del estado de salud en el que se encuentra que bien le hubiera permitido a su defensa solicitar posponer la declaración”, afirman las resoluciones.

Las causas contra Brahim Gali estaban archivadas en España. Sin embargo, el juez Pedraz de la Audiencia Nacional decidió reabrirlas este 2021 al conocer que el líder saharaui se encontraba en el país. 

España elude sus responsabilidades coloniales con el Sáhara Occidental; Marruecos quiere el reconocimiento de su ocupación ilegal

La presencia del líder saharaui en territorio español desató uno de los episodios de mayor tensión entre España y Marruecos de los últimos tiempos. Sin embargo, las raíces de la crisis se remontan décadas atrás. El Gobierno marroquí empezó argumentando la escalada de la tensión por la hospitalización de Gali en España. Gali es líder del Frente Polisario, grupo armado que lucha por la liberación del Sáhara, enemigo declarado de Marruecos. 

Sin embargo, las razones del descontento de Rabat van más allá y llegan al posicionamiento de España respecto al Sáhara Occidental. Marruecos quiere el reconocimiento internacional de su dominio sobre el territorio, que fue colonizado por España hasta 1975. Ese año, con la llamada 'Marcha Verde', el reino español cedió al marroquí la soberanía sobre el Sáhara, que a día de hoy figura en la lista de Naciones Unidas de los 17 territorios pendientes de descolonización. 

Oficialmente, España continúa siendo la potencia administradora del Sáhara, pero a la práctica vive completamente de espaldas al conflicto y no da ningún paso para la descolonización ni la autodeterminación del pueblo saharaui. 

Por otro lado, Marruecos quiere oficializar su control del territorio. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en 2020. Fue un acto a condición y en respuesta a que Marruecos normalizara las relaciones internacionales con Israel. 

Control migratorio, moneda de cambio en las tensiones entre Marruecos y España (y por extensión Europa)

La hospitalización de Gali desató una caída en efecto dominó de las piezas que sostienen la cooperación bilateral entre España y Marruecos, que llegan a implicar a toda la Unión Europea. 

España y Marruecos comparten dos fronteras terrestres: Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte de África. Se trata de dos ciudades españolas separadas del suelo marroquí por vallas de hasta seis metros de altura, reforzadas por concertinas, vigilancia aérea, térmica y policial. Son muros que delimitan el territorio administrativamente africano del europeo. 

El control de estas fronteras no depende solo de la policía española, sino también de la marroquí. De hecho, la vigilancia de las fronteras externas de la Unión Europea está extendida a varios terceros países, como Turquía, Libia y Marruecos, entre otros. 

En este contexto, Marruecos usa a las personas migrantes como moneda de cambio, conocedor del pánico que despiertan las “olas migratorias” en las autoridades españolas, obcecadas en un discurso europeo de criminalización de la migración clandestina. 

Cuando Rabat quiere presionar a Europa en general y a España en particular, deja de reprimir los flujos migratorios que se dirigen al continente europeo desde Marruecos o desde el resto de África.

Fue la dejación de sus funciones como guardián de las fronteras europeas lo que permitió que a mediados de mayo “más de 8.000 ciudadanos magrebíes y subsaharianos, la mayoría jóvenes y menores de edad en situación de pobreza llegaran al enclave español de Ceuta”, en palabras de la corresponsal de France 24 en Marruecos, Sofía Català. 

Ante la llegada de estas personas, España desplegó el Ejército de tierra en la frontera y devolvió a Marruecos a 7.000 de ellas “sin las garantías básicas para hacerlo como son el derecho a pedir asilo o el cerciorarse de que no había menores. No se pusieron abogados, ni traductores para que las personas que llegaron, si querían, pudieran solicitar protección por razones humanitarias” denuncia Gabriel Barba, voluntario de la asociación Maakum, que trabaja con niños y adolescentes migrantes en Ceuta. 

“Se movilizó hasta el propio Ejército a un espacio que no debería estar militarizado, según la Constitución. Estos recursos inyectados en respuesta militar deberían haberse destinado a asesorar, acoger, ayudar a estas personas que llegan de situaciones muy complicadas y dar una respuesta humanitaria mientras no se resuelve el conflicto político de fondo, que tiene que ver con el derecho de circulación y movimientos”, señala Barba.

Con la respuesta militarizada, Madrid reforzó la retórica y la respuesta de seguridad contra la migración, que crece y se esparce por toda Europa. Un discurso identitario abanderado por la extrema derecha que arrastra a las autoridades de izquierda que no salen del marco migración clandestina = amenaza. 

Un discurso que, por otro lado, otorga mayor fuerza negociadora a Marruecos y a todos los países que taponan la migración con destino a Europa a cambio de millonarios acuerdos. Para volver a cerrar la frontera de inmediato, Madrid desembolsó 30 millones de euros de urgencia para Rabat.

Boletín de noticiasSuscríbase para recibir los boletines de France 24

Lleve las noticias internacionales a todas partes con usted. Descargue la app de France 24