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La Unión Europea aprobó una “lista negra” de 17 paraísos fiscales

Turistas juegan en el agua en una playa mientras se pone el sol en Bridgetown, Barbados, el 24 de marzo de 2017.
Turistas juegan en el agua en una playa mientras se pone el sol en Bridgetown, Barbados, el 24 de marzo de 2017. Jewel Samad / AFP

Los ministros de Economía y Finanzas del bloque definieron una nómina de países y jurisdicciones fuera de la región considerados como territorios que ofrecen condiciones para la evasión fiscal.

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Con esta medida, los países de la Unión Europea acuerdan, por primera vez, una acción común contra aquellos países que no cooperan en asuntos relacionados a la cuestión impositiva, aunque no definieron eventuales sanciones.

La nómina incluye a Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Samoa, Samoa Americana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y Túnez.

Estos países ya no pueden ser utilizados por las instituciones de la Unión Europea para realizar operaciones financieras internacionales y aquellas transacciones que los involucren podrían conllevar un análisis más detallado, aunque las naciones europeas descartaron imponer un impuesto de retención en las transacciones a paraísos fiscales, así como otras sanciones financieras.

Además, otras 47 jurisdicciones fiscales quedaron registradas en una “lista gris”, bajo el compromiso de alinear su legislación a los estándares de la Unión Europea. En ese caso, Bruselas supervisará el cumplimiento de lo acordado.

Estos países deberán realizar modificaciones en sus normas impositivas para finales de 2018, salvo los países en vías de desarrollo sin centros financieros, que tendrán de plazo hasta el cierre de 2019. En caso de no hacer los cambios necesarios, podrían caer en la lista negra.

Entre los Estados que figuran en la “lista gris” se destacan Andorra, Perú, Uruguay, Marruecos, Turquía y Suiza, a la vez que figuran países y jurisdicciones europeas como Liechtenstein, San Marino o la Isla de Man; asiáticos como Vietnam, Tailandia y Hong Kong; africanos como Botsuana, Cabo Verde y Suazilandia; americanos como Jamaica, Bermudas e Islas Caimán; y de Oceanía como Nueva Caledonia.

La mayoría de estos territorios se comprometieron a aumentar su transparencia, mejorar la cooperación y el intercambio de información, eliminar sistemas fiscales “perjudiciales” (como en Andorra y Uruguay) y ratificar convenios internacionales sobre el tema, como en el caso de Perú.

Por su parte, en febrero, las autoridades estudiarán los casos de otras ocho administraciones del Caribe que fueron afectadas por la temporada de huracanes: Anguila (territorio británico), Antigua y Barbuda, Bahamas, las Islas Vírgenes Británicas, Dominica, San Cristóbal y Nieves, las Islas Turcas y Caicos y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Con el objetivo de desalentar el uso de estructuras en el exterior para evadir impuestos u ocultar actividades ilícitas bajo instrumentos legales, el bloque realizó un análisis de 92 Estados terceros para comprobar si respetan los criterios sobre transparencia, fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

La cantidad de países involucrados y la ausencia de jurisdicciones europeas, algunos puntos conflictivos

La medida no estuvo exenta de desencuentros en el bloque europeo. Por caso, los países con impuestos más altos, como Francia, presionaron por la conformación de la lista negra y una medida represiva en toda Europa contra los paraísos fiscales. En tanto, las naciones con cargas fiscales más bajas, como Irlanda, Países Bajos, Malta y Luxemburgo, se mostraron más moderados por considerar que sanciones fuertes pueden dañar la competitividad de Europa.

“Hubieran sido preferibles medidas más fuertes”, admitió el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en una conferencia de prensa después de la reunión.

Por su parte, el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, destacó que “esta lista representa un progreso sustancial”, aunque aclaró que “sigue siendo una respuesta insuficiente para la escala de evasión fiscal a nivel mundial” y pidió “sanciones disuasivas nacionales”.

A su turno, el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, antes de la reunión, consideró que "no tiene sentido tener una lista si no va acompañada de sanciones”. Como contrapunto, su homólogo luxemburgués, Pierre Gramegna, pidió que "no se subestime la eficacia de una lista negra” porque “hasta 2015, Luxemburgo era considerada como una jurisdicción fiscal no cooperadora”.

Otro aspecto que despertó algunas diferencias fue la decisión de no analizar a jurisdicciones europeas. Según la comisión, eso no era necesario porque los 28 miembros del bloque acordaron respetar las normas impositivas de la UE.

Sin embargo, grupos impositivos contra la pobreza y a favor de la equidad señalaron que, si se analizaran bajo algunos criterios de la Unión Europea, países como Luxemburgo, Malta, Países Bajos e Irlanda deberían estar incluidos en la lista. Uno de los que avaló ese reclamo fue el vicepresidente conservador alemán del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, Markus Ferber.

Con Reuters, DPA y EFE

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