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Fiscalía pide absolver a Lula en uno de sus procesos

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Brasilia (AFP)

La fiscalía brasileña pidió el viernes absolver al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en una de las cinco causas judiciales que enfrenta, por considerar que uno de los delatores mintió y no existen pruebas que lo incriminen.

Este proceso investiga la denuncia del exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio do Amaral (el partido de Lula), quien afirmó que el exmandatario trató de comprar el silencio del exdirector del área internacional de Petrobras, Nestor Cerveró, quien se aprestaba a firmar un acuerdo con la justicia para proporcionar detalles sobre el funcionamiento del esquema de sobornos en la petrolera estatal.

Según la denuncia, que data de 2015, el exmandatario participó en el plan junto al banquero André Esteves y el empresario José Carlos Bumlai.

Pero tras contrastar testimonios y recoger otras pruebas, el fiscal federal Iván Marx identificó inconsistencias en la declaración de Amaral y no encontró evidencias para incriminar a Lula ni a Esteves en el encubrimiento relatado.

"Contrariamente a lo afirmado por Delcidio do Amaral (...) el pretendido silencio de Cerveró, que en aquella época cumplía prisión preventiva, no fue encomendado ni interesaba a Lula, pero sí al propio senador", informó la fiscalía en un comunicado.

La fiscalía pide que Amaral sea condenado en el caso y que, por haber mentido, pierda los beneficios que había negociado con las autoridades a cambio de colaborar con detalles valiosos sobre el caso.

Esta herramienta, conocida como "delación premiada", ha servido de faro a los investigadores del caso Lava Jato, que desde hace más de tres años desenreda una madeja gigantesca de sobornos enquistados en Petrobras.

Pero también ha sido objeto de críticas debido a las benéficas contrapartidas para los delatores, que a menudo consiguen reducir considerablemente sus años en prisión.

Lula, de 71 años, fue condenado en julio en el primero de sus cinco procesos judiciales.

El juez Sergio Moro lo sentenció a 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, al considerarlo beneficiario de un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

El exmandatario, que puede recurrir en libertad, niega todos los cargos.

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