Saltar al contenido principal

Aún convaleciente por los atentados, Cataluña prepara el choque con Madrid

Anuncios

Barcelona (AFP)

España, convaleciente de los atentados yihadistas que dejaron 16 muertos en Cataluña, afronta a partir de este miércoles su peor crisis política en 40 años, precisamente en esa región, donde los independentistas están decididos a desafiar al Gobierno con un referéndum de autodeterminación.

En la televisión pública de Cataluña, el Ejecutivo autonómico comenzó a difundir en la noche del lunes un anuncio de diez segundos con un mensaje: "Vas a tener la capacidad de decidir y ¿renunciarás?", mientras la cámara avanza lentamente sobre una vía férrea en la que se cruzan dos vías.

El mensaje es un apoyo apenas velado a participar en un referéndum que busca determinar si Cataluña, de 7,5 millones de habitantes (16% de la población española), debe convertirse en un "Estado independiente en forma de república".

Este referéndum, previsto el 1 de octubre, debe en principio ser convocado este miércoles, según fuentes próximas a la presidencia catalana.

"Como Gobierno, estamos preparados para firmar la convocatoria del referéndum, (...) va a ser esta semana", ratificó en la noche del martes el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

En una sesión que se anuncia acalorada en el Parlament, los independentistas presentarán la ley que permite convocar la consulta, ignorando la prohibición emanada del Tribunal Constitucional.

Lograrán adoptarla, ya que los independentistas tienen la mayoría en el Parlament. Luego, todos los miembros del Gobierno catalán firmarán el decreto que convoca el referéndum.

Es una "estafa a la democracia", denunció el lunes el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Cataluña, por décadas e incluso siglos escenario de corrientes de rechazo a la autoridad de la Corona y de Madrid, experimenta desde comienzos de la década un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.

La anulación en 2010 por el Tribunal Constitucional de un Estatuto que desde 2006 le otorgaba el titulo de nación fue el desencadenante.

Años mas tarde, el Gobierno de esta rica región con cultura y lengua propias, que representa el 20% del PIB de España, prometió finalmente impulsarla hacia la independencia, especialmente tras la victoria en septiembre de 2015 de una mayoría separatista.

Rajoy lanzó hace unos meses un intento de "operación diálogo", prometiendo nuevas inversiones, pero sin ceder en lo esencial: la exigencia de organizar la consulta que permita a los catalanes decidir su futuro, a imagen de los escoceses en 2014.

- Fatiga y división -

La opinión pública catalana está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.

Rajoy y la jerarquía judicial española repiten que el destino de una comunidad autónoma solo puede decidirlo el conjunto del pueblo español.

"Las voluntades unilaterales" que solo consideran "la ruptura o la separación" son "inaceptables y violentan la propia democracia, pues ningún principio democrático puede amparar ni legitimar que una parte disponga sobre el todo", advirtió el martes el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en un sesión solemne en presencia del rey Felipe VI.

"Convocar un referéndum no es un delito", respondió el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, acusando al Gobierno del Partido Popular de "forzar la interpretación de las leyes".

El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta no vinculante también prohibida por la justicia en la que participaron 2,3 millones de personas, dando una amplia victoria al "sí".

Ahora, ha decidido ir hasta el final, y declarar la independencia en pocos días si gana otra vez el "sí".

Pese a no haber conseguido el apoyo de ninguna gran nación europea y menos de la Unión Europea, los independentistas aseguran que ante los hechos consumados, los apoyos "van a empezar a llegar".

Pero antes del día clave, aún faltan tres largas semanas en las que el Gobierno central tratará de bloquear el voto y los independentistas de conseguir su propósito, movilizando a su bando, ambos en nombre de "la democracia".

Por la consulta de 2014, once antiguos dirigentes independentistas, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, deberán abonar 5 millones de euros al Tribunal de Cuentas de Madrid, se conoció el martes, una decisión que, a juicio de Puigdemont, hace parte de un plan para infundir "miedo" en sus filas antes del choque.

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.