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Las armas del Gobierno español contra el referéndum catalán

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Madrid (AFP)

Preocupado por su imagen, el Gobierno de España ha prometido "mesura" y "proporcionalidad" ante el referéndum de secesión anunciado para el 1 de octubre en Cataluña y declarado anticonstitucional por la justicia.

A tenor de sus anuncios, es de prever que empiece recurriendo ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que posibilita la consulta.

Para impedir la celebración del referéndum, dispone de varias armas legales:

1. Sanciones a funcionarios o vía penal

Los funcionarios que ayuden a organizar el referéndum se exponen a sanciones.

Según Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad a Distancia (UNED), se trataría de sanciones disciplinarias, como "la suspensión temporal de empleo y sueldo".

Dicha medida podría aplicarse, por ejemplo, a directores de instituto o rectores de universidad que abran el 1 de octubre sus locales para que sean usados como centros de votación.

Dependiendo de la gravedad de la infracción cometida se podría llegar a la vía penal que permite imputar a funcionarios o cargos políticos por "desobediencia" e incluso en los casos mas graves por "rebelión".

En este caso, los encausados podrían tener incluso que responder con su propio patrimonio, si la justicia estima que se han desviado caudales públicos para la consulta.

2. Suspensión de cargos públicos

El Tribunal Constitucional español puede multar e incluso suspender de sus funciones a "las autoridades o empleados públicos" que incumplan sus resoluciones.

La medida fue incluida en una reforma de 2015, ya organizada en plena escalada del conflicto catalán.

En caso de activarse, apuntaría a altos cargos catalanes como por ejemplo al presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, o a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Ésta ya ha tomado la iniciativa de pedir la recusación de los miembros del Tribunal Constitucional para tratar de paralizar sus posibles sanciones o al menos retrasarlas.

Adela Asua, hasta hace poco vicepresidenta del Constitucional, advirtió en unas declaraciones a la radio Cadena SER de que este escenario puede llevar a una "escalada de suspensiones" de cargos públicos, por lo que el Tribunal deberá "valorar y sopesar" muy bien lo que hace.

3. Intervención de la policía catalana

Una ley promulgada en 2015 permite al Gobierno declarar por decreto una "situación de interés para la Seguridad Nacional", en un territorio definido y de manera temporal.

Pero, sobre todo, posibilita en estos casos el nombramiento de "una autoridad funcional" con "competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan" a fin de remediar la crisis.

El dispositivo le daría por ejemplo al Gobierno de Rajoy el poder de controlar de manera directa y temporal a la policía catalana, los Mossos d'Esquadra.

Según Yolanda Gómez, el Gobierno español podría "sobreponer en la cadena de mando de los Mossos a un civil que no sea el consejero del Interior" catalán, el independentista Joaquim Forn, sino el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

A partir de ahí, se puede por ejemplo "mandar la policía local y autonómica con la orden expresa de cerrar un lugar donde se está votando". Pero, en cualquier caso, "lo que no va a hacer el Gobierno central es actuar por la fuerza, sino cargarse de razones jurídicas", señala la jurista.

La ventaja de dicha medida es que además es "rapidísima", explica Yolanda Gómez.

El consejo de ministros puede actuar "en horas".

4. Cumplimiento forzoso de la Constitución

La medida más extrema sería la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna española. Permite al Gobierno central "adoptar las medidas necesarias" en una región determinada y someterla al "cumplimiento forzoso" de las obligaciones establecidas por la Constitución "u otras leyes".

La puesta en marcha de esta medida no es tan rápida como las anteriores, ya que exige al Gobierno español dos trámites previos: un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, "en el caso de no ser atendido", recabar el apoyo "por mayoría absoluta del Senado".

Es la medida más impopular y arriesgada a nivel político, ya que "siempre se ha considerado que es desposeer a una comunidad autónoma de sus legítimos poderes", apunta Yolanda Gómez.

Numerosos especialistas descartan su aplicación, dado el riesgo político que entraña y la vaguedad en la formulación del mismo, que nunca ha sido aplicado.

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