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El Gobierno español lanza su contraataque al reto independentista catalán

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Madrid (AFP)

El Gobierno español puso en marcha este jueves su estrategia para bloquear el referéndum de autodeterminación convocado por los dirigentes independentistas de Cataluña para el 1 de octubre, agudizando la ya grave crisis política con Madrid.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha convocado un consejo de ministros extraordinario en torno a mediodía para tomar las decisiones oportunas.

Se espera que su primera medida sea la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la ley que organiza el referéndum, pese a su prohibición por esta misma corte.

La ley, un desafío sin precedentes a la autoridad del poder central, establece un "régimen jurídico excepcional" que se impone a "todas las normas que entrarían en conflicto" con ella.

Su adopción tuvo lugar el miércoles, en una Cataluña aún conmocionada por los atentados islamistas de 17 y 18 de agosto, que dejaron 16 muertos y mas de 120 heridos.

"El concepto de Estado y unidad de patria (...) ya no tienen futuro en la Europa democrática de hoy", opinó el presidente catalán, el independentista Carles Puigdemont, tras convocar oficialmente desde el Parlamento de Barcelona esta votación prohibida por la justicia.

En tres semanas, si ganan sus partidarios, quiere convertir esta región mediterránea de 7,5 millones de habitantes, de un tamaño similar a Bélgica, en una república independiente separada del reino de España.

En apenas 25 días, los independentistas deben preparar todo el dispositivo electoral. Mientras, el Gobierno español buscará impedir la consulta sin dar la sensación de hostigar a la región.

Rajoy también se reunió este jueves con el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, quién brinda su apoyo al Gobierno ante el llamado "desafío secesionista".

- Independentistas en marcha -

Ajeno a las advertencias de Madrid, el Parlamento catalán, tras una tensa y maratoniana reunión el miércoles, volvió a reunirse este jueves para seguir adelante con su plan.

Los independentistas quieren aprobar la "ley de transitoriedad", que será la "norma suprema" en los primeros compases de la nueva república si gana la opción independentista.

Los preparativos para el voto también han comenzado: de madrugada empezó la creación de una autoridad electoral que regulará la votación y este jueves Puigdemont se dirigió por carta a los 948 alcaldes para establecer un inventario de las dependencias municipales que podrán ser usadas como colegios electorales el día de la votación.

La Generalitat ha lanzado una campaña de seducción para conseguir la máxima participación posible que legitime el escrutinio. "Ahora más que nunca, el futuro de Cataluña está en tus manos", asegura un anuncio del Gobierno regional.

Su principal enemigo es una abstención masiva de los partidarios del "no", promovida por los partidos contrarios a la secesión, que el miércoles denunciaron insistentemente la ilegalidad del proyecto.

Abucheos, gritos e interrupciones marcaron la caótica sesión parlamentaria del miércoles, en la que los 72 diputados de la mayoría independentista aprobaron la ley de referéndum saltándose muchos trámites habituales.

Desde 2012, importantes sectores de la sociedad catalana reclaman celebrar un referéndum como se hizo en Escocia (Reino Unido) en 2014 o Quebec (Canadá) en 1980 y 1995.

Más del 70% de los catalanes desea esta consulta.

Pero los grandes partidos comparten la opinión de Rajoy: la cuestión debe ser decidida por el conjunto de los españoles.

Sólo la izquierda radical de Podemos defiende la celebración de un referéndum, pactado con el Gobierno central, aunque sus representantes en Cataluña se abstuvieron en la votación, lamentando que el voto no se celebre con garantías suficientes.

Apremiados para evitar una suspensión judicial, los independentistas aceleraron los tiempos del debate, sin apenas dar margen de reacción a la oposición, para aprobar el texto por 72 votos a favor, 11 abstenciones y la ausencia de los partidos contrarios.

"No se puede imponer un programa de ruptura sin una inequívoca mayoría social" ni "tratar a los partidos de la oposición con desdén", lamentaba en un editorial el diario catalán La Vanguardia.

El arsenal jurídico del Gobierno español es amplio: suspensión de cargos públicos, aplicación de una legalidad de excepción o incluso acciones contra el patrimonio de dirigentes independentistas.

Pero los independentistas consideran que la justicia española, en particular el Tribunal Constitucional, es un mero instrumento al servicio del poder central, sin legitimidad.

"Defenderemos hasta el final el derecho de todos los catalanes a votar", afirmó Puigdemont.

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