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Rohingyas: el mundo empieza a reaccionar ante la crisis humanitaria

Un refugiado musulmán Rohingya se refugia de la lluvia en el campo de refugiados de Leda cerca del distrito de Bangladesh de Teknaf el 19 de septiembre de 2017.
Un refugiado musulmán Rohingya se refugia de la lluvia en el campo de refugiados de Leda cerca del distrito de Bangladesh de Teknaf el 19 de septiembre de 2017. Dominique Faget, AFP

Ya son más 420.000 Rohingyas los que se encuentran precariamente refugiados en Bangladesh tras huir de la violencia en su país, Myanmar. El éxodo parece no tener fin.

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Miles de integrantes de la etnia musulmana, minoritaria en Myanmar, siguen huyendo hacia el vecino Bangladesh, víctimas de continuos episodios violentos, que ya son abiertamente calificados como “limpieza étnica” por Naciones Unidas.

Este drama ha ganado protagonismo en los medios internacionales y parece que coincidiendo con la versión 72 de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, ha obtenido la atención directa de la comunidad internacional.

En esta ocasión, cerca de 200 jefes de gobierno y de Estado han tenido que escuchar las múltiples denuncias de los desplazamientos masivos, que iniciaron el pasado 25 de agosto.

No convence el llamado oficial de la nobel de paz y líder de facto de Myanamar, Aung San Suu Kyi, quien no solo se demoró en alzar su voz sobre el tema, sino que además aseguró en un discurso televisado a su nación, el pasado 19 de septiembre, que no sabe el porqué del éxodo Rohingya.

La consejera de Estado afirmó que la mayoría de aldeas de esta comunidad están en buen estado; agregó que "ha habido acusaciones y contra acusaciones. Queremos confirmar que esas denuncias están basadas en evidencias sólidas antes de adoptar ninguna acción".

Sin embargo, sus declaraciones han sido duramente criticadas a nivel internacional, pues son sus propias fuerzas armadas las que han sido señaladas de cometer asesinatos indiscriminados e incendios en los asentamientos Rohingyas.

La ONU enviará una misión a Myanmar

Entretanto la ONU pidió acceso pleno y sin restricciones al país para verificar los presuntos abusos cometidos contra la minoría musulmana, y confió en un cambio de actitud del Ejecutivo, que ha dicho que no teme al escrutinio internacional. No obstante, a principios de septiembre, ya bloqueó el ingreso del organismo a su territorio.

Al respecto, Marzuki Darusman, presidente de la Misión de Investigación de la ONU para Myanmar dijo recientemente, ante el Consejo de Derechos Humanos, que "es importante para nosotros ver con nuestros propios ojos los lugares de las presuntas violaciones y abusos, y hablar directamente con las personas afectadas y las autoridades".

El ente empezó a trabajar a finales de agosto y ha enviado de manera urgente cuatro expertos a Bangladesh para que reúnan información y verifiquen las denuncias de los Rohingyas refugiados allí, sobre los graves abusos que habría cometido el Ejército en el estado de Rakáin, la principal zona que habita esa minoría.

Darusman citó asesinatos masivos, el uso excesivo de la fuerza, torturas y malos tratos, violencia sexual y basada en el género, y la destrucción y quema de pueblos enteros, unos 200 según dijo.

Una operación militar generó el desplazamiento de unas 421.000 personas a Bangladesh

La nueva ola de violencia en ese estado Myanmar se desató el 25 de agosto, cuando un ataque de un grupo insurgente Rohingya contra casetas policiales y militares fue respondido con una operación militar que generó la huida de unas 421.000 personas a Bangladesh.

Pero la lucha de esta etnia musulmana por la pertenencia y el reconocimiento comenzó mucho antes, tras la independencia de Myanmar.

En 1948, la Ley de Unión de Ciudadanías dejó a los Rohingyas por fuera de la lista de razas indígenas reconocidas por el Gobierno; para legalizar a una parte de la comunidad se optó por dar documentos de identidad a aquellos que pudieran probar la presencia de al menos dos generaciones de su familia en el país.

Después, con el golpe militar de 1962, el Ejército señaló a los Rohingyas de inmigrantes ilegales y les restringió la concesión de documentos; además, en 1982 la Ley de Ciudadanía de la Junta Militar estableció las 135 etnias que componen el país y de nuevo los Rohingyas se quedaron por fuera, especialmente por no cumplir la exigencia de hablar un idioma nacional, pues hasta hoy, tienen su propio dialecto.

Por esas jugadas legislativas, la comunidad carece de derecho a la ciudadanía y por lo tanto de derechos humanos básicos. Son excluidos laboralmente, y se controla su movilidad. Los integrantes están sometidos a control de natalidad y no tienen acceso a salud o educación.

Los Rohingya defienden su presencia en Myanmar

Otra de las restricciones impuestas a los Rohingyas consiste en que no pueden regresar a sus localidades de origen al no tener los documentos que prueban que son ciudadanos de Myanmar.

Frente a la reciente crisis, San Suu Kyi condicionó el retorno de los miles de desplazados en Bangladesh a un proceso de verificación previo pero el país vecino rechazó esta actitud.

"Las condiciones que ella impuso para la repatriación de los refugiados no son aceptables en absoluto", dijo el ministro de Información de Bangladesh, Hasanul Haque Inu, desde Daca.

También hay entre la población de Myanmar quienes dicen que los Rohinyas deben permanecer en Bangladesh, pues argumentan que ahí pertenecen históricamente.

El discurso de las autoridades es que son inmigrantes bengalíes que llegaron al país durante la era colonial británica, que comenzó en 1826. Por su parte, los Rohingya defienden que su presencia en Myanmar data del siglo XII.

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