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La policía investiga a creadores de páginas web para el referéndum en Cataluña

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Barcelona (AFP)

La policía española anunció este lunes que ha convocado para interrogar a 17 personas sospechosas de desobediencia por presuntamente desarrollar plataformas web dedicadas al prohibido referéndum de autodeterminación de Cataluña, previsto para el 1 de octubre.

Agentes de la Guardia Civil española también visitaron varios ayuntamientos catalanes para pedirles documentos relacionados con el referéndum, indicó a la AFP la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

Estas son las últimas medidas tomadas por las fuerzas del orden para tratar de detener la organización del referéndum en esta región española, profundamente dividida sobre la independencia.

Un portavoz de la policía indicó que las 17 personas investigadas son sospechosas de "facilitar que se pueda adquirir documentación a través de la pagina web para poder organizar la consulta", declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Trece de ellas han sido interrogadas y, tras responder voluntariamente a su convocatoria, queda en manos de la justicia decidir si se les deben imputar cargos judiciales.

Decidido a hacer el referéndum, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha tuiteado numerosos vínculos a páginas web donde las personas pueden consultar dónde votar el domingo, pero los sitios han sido bloqueados tras una orden judicial.

El alcalde de Oliana, en el noroeste de Cataluña, Miquel Sala, indicó que tres agentes de la Guardia Civil visitaron el Ayuntamiento en la mañana de este lunes. Sala es uno de los más de 700 alcaldes que han prometido colaborar con el referéndum.

El personal del Ayuntamiento entregó solamente un informe realizado para consumo interno que resumía la posición de Madrid sobre la consulta, dijo el alcalde, quien no se encontraba allí en ese momento.

Sala ha suscrito un manifiesto garantizando su cooperación para el referéndum, pero afirmó que solo se lo dará a las autoridades si un juez lo pide, añadió.

La convocatoria de este referéndum, según un procedimiento urgente que limitó los debates en el Parlamento regional, y las posteriores medidas del Gobierno central para frenarlo han generado tensión y manifestaciones en Cataluña.

Pero las operaciones policiales y judiciales también han significado un golpe para los planes del Ejecutivo catalán de realizar un referéndum que ofrezca muestras de legitimidad.

La Guardia Civil se incautó de millones de papeletas de votación y unas 45.000 convocatorias para los ciudadanos designados como miembros de las mesas en los colegios electorales. También detuvo a 14 altos cargos regionales, puestos después en libertad condicional.

Esto llevó al Gobierno catalán a denunciar que el Estado español impuso "de facto un estado de excepción".

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