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Unos líderes indígenas de Canadá visitan el desastre ambiental en Ecuador atribuido a Chevron

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Shushufindi (Ecuador) (AFP)

Unos indígenas canadienses recorrieron el lunes zonas contaminadas de la Amazonía de Ecuador donde operó la petrolera Chevron, sentenciada a pagar 9.500 millones de dólares de indemnización.

Los líderes indígenas Ed John y Phill Fontaine visitaron terrenos en las localidades de Lago Agrio, Shushufindi y El Coca, en las provincias de Sucumbíos y Orellana (noreste), donde al cavar apreciaron tierra manchada de petróleo y aceite.

También dejaron una ofrenda floral en la tumba de una de las víctimas de la contaminación ambiental atribuida a Chevron.

"Nuestra presencia reafirma la importancia de reconocer que los intereses de las comunidades indígenas aquí no son diferentes a los intereses de las comunidades indígenas en Canadá. Y los retos que los indígenas están afrontando aquí son muy similares a los retos que nosotros enfrentamos", señaló Fontaine a la AFP.

Tras el recorrido, John apuntó que, a través de una asamblea de comunidades aborígenes canadienses, apoyarán "a la gente indígena (de Ecuador) en su lucha para encontrar justicia" en este caso.

Los canadienses estuvieron acompañados de los dirigentes amazónicos Luis Yanza y Carmen Cartuche.

La visita se da días antes de que se instale en Canadá una audiencia en la cual comunidades ecuatorianas pretenden exigir el pago de la indemnización a Chevron mediante el embargo de bienes que la petrolera tiene en ese país. La multinacional no tiene activos en Ecuador.

Los demandantes llevan peleando "cinco años en las cortes (de Canadá), logrando decisiones muy favorables", dijo a la AFP el abogado del caso, Steven Donziger, al recordar que en 2015 el Tribunal Supremo canadiense dio luz verde para que los afectados inicien acciones legales de cobro contra Chevron.

La petrolera estadounidense fue sentenciada en 2013 en Ecuador por los daños ambientales que se le atribuyen a Texaco -empresa que adquirió en 2001- en la selva ecuatoriana entre 1964 y 1990.

La firma atribuye la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio, y rehúsa pagar la millonaria multa, alegando que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos.

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