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El Gobierno catalán asegura poder celebrar el referendo "con garantías"

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Barcelona (AFP)

El portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull, aseguró este domingo por la mañana que estaban en condiciones de organizar el referéndum de autodeterminación a pesar de la prohibición y los impedimentos judiciales y del Gobierno español.

"El Gobierno hoy ya está en condiciones de afirmar que podremos celebrar, no como queríamos, pero podremos celebrar con garantías el referéndum de autodeterminación tal y como nos comprometimos", declaró Turull, antes de anunciar que existirá un "censo universal" que permitirá a los electores votar en cualquier punto de Cataluña.

"Para todas aquellas personas a quienes les hayan cerrado su punto de votación o les cierren durante el día, queremos anunciar que hemos desarrollado un sistema por el que podrán votar en cualquier centro de votación que encuentren abierto", afirmó Turull.

Según él, con su documento de identidad o pasaporte, los electores podrán votar en cualquier mesa electoral, que estarán dotadas de un doble sistema de comprobación informático para verificar que la persona está en el censo y no ha votado todavía.

"Esto ralentizará el proceso pero permitirá que todos puedan votar mientras haya una escuela abierta", añadió.

La justicia ordenó el cierre de los más de 2.300 colegios electorales antes de las 06H00 locales (04H00 GMT), pero, de momento, la policía regional catalana, dependiente del Ejecutivo independentista, evitó cumplir la orden.

Sin embargo, el Gobierno central, resuelto a impedir este plebiscito declarado anticonstitucional, dispone de miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para hacer cumplir estas órdenes.

Turull también explicó que las papeletas se podrán introducir en las urnas sin sobre, dado que la policía incautó millones de ellos en los últimos días y no pudieron reponerlos.

Finalmente, señaló que el escrutinio será supervisado por seis académicos de ciencias políticas y derecho escogidos por el Ejecutivo catalán tras la renuncia de los miembros de la comisión electoral creada para regular el proceso, amenazados por multas de 12.000 euros diarias si proseguían con su actividad.

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