América Latina

Brasil: ¿Qué le pasó a Río de Janeiro?

Un miembro de las fuerzas armadas mira a través de unos binoculares durante una operación contra bandas de narcotraficantes en el barrio Morro dos Macacos en Río de Janeiro, Brasil 6 de octubre de 2017.
Un miembro de las fuerzas armadas mira a través de unos binoculares durante una operación contra bandas de narcotraficantes en el barrio Morro dos Macacos en Río de Janeiro, Brasil 6 de octubre de 2017. Bruno Kelly / Reuters

Finanzas públicas en bancarrota, gobernantes presos por corrupción y escenas de violencia con armamento pesado a pocos pasos del corazón turístico de la ciudad, son algunos de los rasgos de la crisis que sufre la ciudad.

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Apenas un año ha pasado desde que Río de Janeiro puso su mejor cara ante el mundo y realizó los Juegos Olímpicos. Hoy la ciudad parece un lugar radicalmente opuesto al que en agosto de 2016 recibió a millones de visitantes para el certamen deportivo más importante del planeta. Tan pronto como los ojos del mundo salieron de allí, se vinieron encima de la ciudad todos los problemas que estaban represados en el dique de los preparativos olímpicos.

La muestra más reciente de la crisis que vive la capital del estado fluminense es el episodio de violencia ocurrido hace dos semanas en Rocinha, una de las favelas más grandes del país. Durante seis días consecutivos de tiroteos entre facciones criminales, acción policial represiva y acordonamiento de las fuerzas armadas brasileñas, una comunidad de 70 mil habitantes quedó rehén del fuego cruzado.

Este tipo de violencia es cada vez más recurrente para los habitantes que viven en la periferia de Río de Janeiro. De acuerdo con Lidiane Malaquini, representante de Redes Maré, el complejo de favelas que agrupa 140 mil habitantes, en 2016 se presentaron 33 confrontaciones armadas y hasta junio de 2017, se habían presentado 40.

Crisis económica y corrupción, los otros males de Río

La inseguridad es la cara más visible de lo que para muchos es una crisis generalizada en una ciudad que hasta hace poco contemplaba la ilusión de haber superado la violencia de los años 80 y 90. Pero no es sólo el recrudecimiento de la violencia por guerra territorial entre traficantes fuertemente armados lo que tiene a los cariocas acorralados.

La ciudad está prácticamente en bancarrota, incumple el pago de horas extras y primas salariales de funcionarios públicos y cierra proyectos sociales. El recaudo de impuestos se desplomó como consecuencia de la recesión económica en el país y la caída de los precios del petróleo le asestó un golpe mortal a la economía de un estado altamente dependiente de este sector. Pero por sobre todas las cosas, los niveles de corrupción de funcionarios públicos tocaron un techo muy alto generando un colapso de la legitimidad de estos servidores.

El exgobernador del estado de Río de Janeiro,  Sergio Cabral, acaba de ser condenado a 45 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. Su entonces vicegobernador, Luiz Fernando Pezão es el actual gobernador del Estado quien hace poco fue llamado por la justicia para aclarar su participación en los actos de corrupción por los que fue condenado su exjefe. Ambos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, el mismo del presidente Michel Temer, quien a su vez está siendo investigado por corrupción.

Ubiratán Angelo, de la ONG Viva Rio: “no existe, ni ha existido, una política de seguridad que vaya más allá de poner policías”

“Es un momento difícil: tenemos altos niveles de desempleo (13,4%) y al mismo tiempo, reducción de inversión en políticas sociales. Río de Janeiro está endeudado con el Estado. Por esa gran presencia de Petrobras en Río, todos los escándalos de corrupción que involucran a la empresa y a funcionarios públicos han minado la legitimidad de los gobernantes. Todo esto hace que tengamos en la ciudad, un reflejo agudo de la crisis nacional”, explica Luciana Boiteux, profesora de derecho penal y criminología de la Universidad Federal de Río de Janeiro y excandidata a la prefectura de esa ciudad.

Para Boiteux, más graves que la misma crisis son las soluciones que se están proponiendo desde el más alto nivel. “El gobierno Temer tiene los menores índices de popularidad desde 1989 (7%); aún así está obteniendo apoyo para implementar soluciones que están agravando la crisis. ¿Cómo logra ese apoyo? Gracias a las alianzas que está haciendo con congresistas de bancadas conservadoras, quienes a su vez están impulsando agendas que perjudican la inversión social y empujan una plataforma neoliberal y de restricción de derechos y libertades fundamentales”.

Un vehículo blindado de las fuerzas armadas bloquea una calle en el Morro dos Macacos, en Río.
Reuters

La catedrática se refiere a una enmienda constitucional que pone límites de gastos a inversión en salud, educación, ciencia, tecnología y que de ser aprobada, afectará principalmente derechos laborales adquiridos. “A ese enorme sector del Congreso Nacional lo llamamos aquí la “bancada del buey, la Biblia y la bala” porque son grupos que representan los intereses de grandes latifundistas, de segmentos conservadores y de empresas de armas”, agrega.

En el tema de la seguridad, Ubiratán Angelo, coordinador de seguridad humana de la organización Viva Rio, una ONG que estudia el fenómeno de la violencia en la ciudad desde los años 90, explica que “las Unidades de Policía Pacificadora -implementadas para “pacificar” las favelas hace ocho años- se han debilitado aún más en los últimos meses, pues esta iniciativa de policía de proximidad con las comunidades nunca se acompañó de proyectos sociales. Nuestra conclusión es que no existe, ni ha existido, una política de seguridad que vaya más allá de poner policías a vigilar una determinada comunidad”.

Luciana Boiteux, profesora de derecho penal: “no se investiga a los capos y a los que verdaderamente se lucran del tráfico de drogas”

Durante los días de la confrontación armada en Rocinha, la experta en seguridad Jacqueline Muniz, de la Universidad Federal Fluminense, dijo al noticiero G1 que en lugar de políticas de largo plazo, que tardan en ofrecer resultados, los actuales gobernantes prefieren acciones espectaculares como desplegar vehículos blindados y cientos de efectivos de la policía militar y las fuerzas armadas armadas brasileñas en la favela.

“Las fuerzas armadas van a estar en Río de Janeiro -convocadas por el gobernador Pezão- hasta diciembre; esto va a costarle 150 millones de reales al contribuyente (cerca de 50 mil dólares). Con un tercio de eso se pueden hacer programas de reducción de la violencia, optimización de la inteligencia, capacidad de respuesta inmediata, etcétera. Pero el interés no es producir seguridad pública sino generar espectáculos de gran visibilidad, que puedan agregar popularidad a gobiernos con crisis de legitimidad”, dice Muniz.

Para Boiteux, la causa de fondo la violencia en Río y en muchas otras ciudades de América Latina, es la actual política de drogas. “No se investiga a los capos y a los que verdaderamente se lucran del tráfico de drogas, al mismo tiempo se mantiene un encarcelamiento acelerado de pequeños traficantes que son rápidamente reemplazados por otros jóvenes. Tenemos un mercado ilícito altamente lucrativo y violento que provee a estos grupos de un armamento altamente sofisticado y en consecuencia, tenemos cada vez criminales mejor armados y policías también más armados. Gastamos mucho en represión, pero nunca es suficiente porque esto no va a llenar nunca los vacíos en oportunidad, educación, salud, vivienda”, concluye.

La plataforma Río Cómo Vamos indica que mientras que en el año 2011, a la pregunta “¿usted se iría de la ciudad si pudiera?” 27% de los encuestados respondió  que sí, en 2015 ese número subió a 56% y la razón principal que esgrimen quienes abandonarían Río es la inseguridad. Aún no está disponible la encuesta de 2017 por falta de fondos, pero en un análisis de la evolución de los datos y testimonios recaudados por esta plataforma, su coordinadora ejecutiva, Thereza Lobo concluye que “la policía se volvió a comportar como lo hacía antes: agresiva contra los moradores, entran a la favela y poco se interesan por la situación difícil de sus habitantes… Las personas lo que quieren es más respeto”.

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