Turbulencias en justicia argentina por procesamiento de la jefa de fiscales

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Buenos Aires (AFP)

El procesamiento de la jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, por supuesta administración fraudulenta dejó a la luz nuevas turbulencias en el ámbito de la justicia, mientras el gobierno pretende que dé un paso al costado.

El juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó como "coautora penalmente responsable de administración fraudulenta agravada" en la compra en 2013 de un edificio para la Procuración General y la embargó por siete millones de pesos (394.000 dólares), según el Centro de Información Judicial (CIJ), del poder judicial.

Tras conocerse el procesamiento el jueves, 10 días antes de las elecciones legislativas, el ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que "lo lógico sería" que la procuradora general "pida licencia mientras se resuelva su situación judicial", declaró este viernes a radio Mitre.

Garavano afirmó que el procesamiento de Gils Carbó "crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la justicia en Argentina".

El estudio de León Arslanian, actual defensor de la procuradora, respondió en un comunicado que se la acusa de "un delito imaginario".

"No nos sorprende pero sí nos produce estupor, porque se atribuye defraudación cuando no existió daño patrimonial alguno y sí en cambio, beneficio para la administración pública", sostiene el escrito.

En julio pasado, el juez abrió una investigación por el supuesta cobro de "comisiones exorbitantes" en la compra por licitación de un inmueble para la Procuración en el centro de Buenos Aires por casi 44 millones de pesos (2,6 millones de dólares),

El caso se originó en una denuncia anónima y el funcionario que supuestamente se benefició de una comisión millonaria fue suspendido de su cargo en abril pasado.

Gils Carbó negó ante el juez las acusaciones y denunció una "maniobra".

La procuradora que fue nombrada en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015).

Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Macri pretendió que Gils Carbó, cuyo cargo es vitalicio, dé un paso al costado e incluso amenazó con destituirla por decreto, aunque para remover a los titulares del Ministerio Público se necesita un juicio político.

Gils Carbó que se negó a renunciar, ha denunciado "hostigamiento" por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien a su vez la ha acusado de "crear imputaciones al gobierno con sus fiscales" y de no ser imparcial.