Ante la CIDH, familiares de Ayotzinapa denunciaron la falta de avances en la investigación

En el marco de su 165° período de sesiones ordinarias, en Montevideo, la capital de Uruguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a los miembros de las familias de los colegiales desaparecidos. En ese contexto, y ante representantes del Gobierno mexicano, los familiares apuntaron directamente contra las autoridades del país.

“Por el Estado mexicano no obtuvimos más información adicional que nos dé una pauta de dónde están los estudiantes o algunos avances. Lo que nos dieron es un conjunto de datos ya dados en audiencias anteriores", señaló el abogado de la agrupación de familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales.

En contraposición, a través de un comunicado, el Estado mexicano informó que la delegación oficial que participó de la audiencia pública comunicó los avances más recientes a partir de las medidas cautelares de la CIDH dictadas para el caso.

Al respecto, Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes, reclamó “justicia” y aseguró que “no hay ni una sola pista” sobre el paradero de los estudiantes, 37 meses después de su desaparición. En ese sentido, cuestionó la falta de apoyo del gobierno mexicano y señaló que debieron acudir a “muchas organizaciones en México y el exterior”, a la vez que destacó que “el Equipo Argentino de Antropología Forense fue a ayudarnos cuando nos querían dar cuerpos de otras personas diciendo que eran de nuestros muchachos”.

En tanto, Blanca Luz Nava, madre del desaparecido Jorge Álvarez Nava, explicó que asistieron a la audiencia en Uruguay para escuchar “nuevamente las mentiras” del Gobierno mexicano, dado que no hay “ni una pista” que los acerque a sus hijos. "Nos da muchísima tristeza porque el gobierno está para apoyarnos y buscar a nuestros hijos. No es justo que una madre esté sufriendo tanto por no encontrar a su hijo”, subrayó.

Por su parte, el comisionado de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, consideró “casi inconcebible” que el Estado mexicano no haya sido capaz de establecer responsabilidades en este extenso plazo de tiempo desde las desapariciones ocurridas el 26 de septiembre de 2014.

Familiares piden investigar a Policía local y Ejército mexicano

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en el municipio de Iguala, ubicado unos 240 kilómetros al noroeste del mencionado poblado, mientras viajaban en autobuses a Ciudad de México para una manifestación.

La versión oficial del Gobierno de México señala que los jóvenes fueron entregados por agentes corruptos de la Policía a miembros del crimen organizado, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, pero esta explicación fue desestimada por la CIDH.

Según explicó Vidulfo Rosales, la CIDH creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que acompañó la investigación entre marzo de 2015 y abril de 2016, cuando el Gobierno mexicano decidió que no continuaran su tarea, tras haber contradicho el relato oficial. En su lugar, la comisión creó un “mecanismo especial de seguimiento”, que supervisa las pesquisas con visitas a México y reuniones entre las partes fuera del país centroamericano.

Asimismo, el letrado sostuvo que la agrupación de familiares exige que se investigue a la Policía del municipio de Iguala y al Ejército mexicano que, según ellos afirman, estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes. “El posible motivo de la detención de los estudiantes habría sido el traslado de droga que llevaba a cabo Guerreros Unidos (grupo criminal mexicano) con policías del municipio de Iguala", agregó.

Además, Rosales consideró que el Estado quiere encubrir y darles impunidad a los responsables y acusó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de no querer avanzar en la investigación hasta después de las elecciones de 2018, para que no existan “costos políticos”.

Siguen las audiencias de la CIDH en Montevideo

Desde el lunes 23 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició su período de sesiones ordinarias en Montevideo, la capital de Uruguay, que se extenderán hasta el próximo viernes 27.

El lunes y martes, las autoridades del organismo realizaron una serie de audiencias públicas con el foco puesto en diversos conflictos de los países de la región, como la situación de líderes sociales en Colombia, la libertad de expresión en Ecuador, la reforma laboral en Brasil, la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía y el Gran Chaco, el panorama sindical y de los derechos humanos en Argentina, por mencionar algunos.

En la continuidad de sus tareas, este miércoles, la CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzarán un mecanismo de acciones conjuntas para la protección de los defensores de derechos humanos y mantendrán conversaciones con miembros de la sociedad civil.

Asimismo, este jueves, integrantes de la comisión recibirán a la familia de Santiago Maldonado, el activista argentino que fue encontrado muerto la semana pasada en el sur del país. Al respecto, en la tarde del martes, miembros de organizaciones sociales uruguayas reclamaron por el esclarecimiento del caso.

Con EFE y AFP