Un magistrado afgano abre la puerta a los desengañados con la justicia

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Kabul (AFP)

Abdul Qader entra cojeando en la oficina del fiscal general de Afganistán en Kabul para pedirle ayuda: su hijo fue "despedazado como un cordero" y los asesinos quedaron libres.

Como muchos afganos de a pie, este hombre de 75 años se siente traicionado por un sistema judicial corrupto y ha recorrido un largo camino desde su provincia aislada de Ghor (centro) para reclamar justicia.

Cada lunes, desde que asumió el cargo en abril de 2016, el fiscal Farid Hamidi abre la puerta para intentar restaurar la confianza popular y acabar con las autoridades corruptas.

Este exmiembro de la comisión oficial de los derechos humanos los recibe a partir de las 8H00 de la mañana.

A esa hora comienza un desfile de mujeres con velo o burqa y hombres con shalwar kameez (camisa larga tradicional) y pantalón que entran escoltados en la oficina.

Sus quejas son un catálogo de desgracias que dan fe de la pobreza y las injusticias infligidas a muchos afganos, además de la violencia y la inseguridad generadas por los conflictos que devastan el país desde hace casi 40 años.

- "Me matarían" -

"A mi hijo lo decapitaron en Herat", en el oeste del país, afirma Abdul Qader, ciego y enfermo. Explica al fiscal que tenía 43 años y trabajaba como vendedor ambulante en una zona bajo control talibán en esta provincia fronteriza con Irán.

"Cortaron su cabeza como la de un cordero" hace 18 meses mientras dormía en una habitación de hotel, prosigue. Tres hombres fueron declarados culpables del asesinato pero quedaron en libertad.

"No se hizo justicia", sostiene Abdul Qader, ayudado por otro de sus hijo. "Si usted hace justicia, rezaré por usted".

La corrupción y los sobornos corroen casi todas las instituciones afganas pero el sistema judicial es uno de los más afectados, según la organización Transparencia Internacional.

Los ricos suelen ofrecer dinero a jueces, fiscales y policías para obtener una sentencia favorable o que se archive el caso.

Esta corrupción priva a muchos afganos de un juicio justo y favorece a los talibanes en las regiones que controlan.

Llega una mujer. Su hija de siete años fue secuestrada hace más de dos años en la provincia de Kunduz (norte) y casada por la fuerza a un hombre. La madre suplica a Farid Hamidi que le devuelvan a su niña.

"No puedo ir allí (a casa de la familia política de su hija), me matarían", cuenta la mujer que sostiene en sus manos tatuadas de henna una foto de la niña. Se echa a llorar.

- Restablecer la confianza -

Entra luego otra mujer con burka azul, acompañada de un niño, hijo de la primera esposa de su marido.

A través de la reja del burka, cuenta que ella y su marido fueron acusados injustamente del asesinato de la mujer. Ella salió de la cárcel pero él no.

"La desgracia entró en mi vida", dice, desesperada. "Me acusaron de asesinato y me metieron en la cárcel pero era mentira. ¿Qué honor le queda a una pashtún que estuvo en la cárcel?", se pregunta refiriéndose a su comunidad, mayoritaria en el país.

La oficina del fiscal ha recibido alrededor de 30.000 querellas, de las cuales 6.000 de gente que ha atendido en persona. Abarcan desde litigios por tierras a divorcios, secuestros o asesinato.

Cada caso se estudia en Kabul y se envía a las autoridades locales para solicitar información adicional. Luego el fiscal general y sus asesores toman una decisión.

Imposible saber cuántos casos exactamente se han resuelto a través de este sistema pero Hamidi asegura que unas 2.000 personas encarceladas injustamente han recobrado la libertad.

Él persiste en su objetivo. "Ningún país se deshizo de la corrupción en una noche", dice.

"Cuando un ciudadano de a pie entra en esta oficina y conoce al fiscal general del país en persona, esto ayuda a restablecer la confianza en la justicia", añade.

Sus esfuerzos suscitan todavía escepticismo y algunos observadores estiman que el método es opaco y trasnochado.

"Nadie sabe realmente si ha ayudado a alguien, salvo el propio fiscal que se forja así una imagen" positiva, afirma Sayed Ikram Afzali, director del grupo independiente Integrity Watch de lucha contra la corrupción. "Tenemos una población de 30 millones de habitantes, hace falta un sistema mejor que ese".