La ejecución de la orden europea de busca y captura puede tardar hasta tres meses

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Bruselas (AFP)

La ejecución de una orden europea de busca y captura, como la que emitió una jueza española el viernes contra el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, y cuatro miembros de su gobierno, incluye varias etapas y puede durar hasta tres meses, según las autoridades belgas.

El fiscal general belga recibió el viernes cinco órdenes europeas de detención procedentes de España, que afectan a Puigdemont, María Serret Aleu, Antoni Comin Oliveres, Luis Puig Gordi y Clara Ponsati Obiols, precisó la fiscalía en un comunicado este sábado. Los cinco están en Bélgica desde el lunes.

La justicia española emitió la orden contra ellos por delitos de "rebelión, sedición, malversación y desobediencia a la autoridad".

"Cuando los interesados sean localizados y llevados ante el juez de instrucción, éste tiene 24 horas para tomar una decisión", indicó la fiscalía belga.

El juez belga puede entonces emitir o no una orden de detención contra las personas reclamadas por España, o incluso dejarlas en libertad bajo determinadas condiciones.

Según el ministerio belga de Justicia, el proceso de entrega de una persona objeto de una orden europea de busca y captura puede tardar hasta 100 días.

El ministerio publicó un comunicado en el que detalla las diferentes etapas del proceso que, recuerda, "se lleva a cabo con contactos directos entre las autoridades judiciales".

Cuando el juez de instrucción se haya pronunciado, la Cámara del Consejo, un órgano judicial que se encarga de establecer si hay suficientes indicios contra una persona para llevarla a juicio, debe tomar una decisión sobre la ejecución de la orden europea de detención.

Al final del procedimiento, si alguno de los acusados rechaza la decisión del juez, puede presentar un recurso ante la justicia, que debe resolverse en un plazo de 15 días.

Según la directiva de la Unión Europea, la decisión final debe tomarse en un plazo de 60 días, 90 días en "circunstancias excepcionales", precisó el ministerio de Justicia en el comunicado.

Si se toma la decisión de ejecutar la orden europea de detención, la persona debe ser extraditada al Estado que la emitió en un plazo de 10 días.

El abogado de Puigdemont, Paul Bakaert, podría alegar la necesidad de obtener un juicio equitativo para su cliente, aunque para ello tendría que demostrar que existe un riesgo real de que se vulneren sus derechos fundamentales en España, explicó el abogado belga Marc Neve.

"La idea fundamental con la orden de arresto europea es que uno confía en los derechos fundamentales del país que la emite. Con España no estamos en el caso de un país que practique la tortura", dijo Maxime Chomé, abogado en Bruselas.