El aniversario poco feliz de la paz con las FARC en Colombia

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Bogotá (AFP)

Un año después los protagonistas de un histórico pacto de paz se reencuentran, y no precisamente para festejar. El acuerdo que desarmó en Colombia a la que fuera la guerrilla más poderosa de América atraviesa tiempos difíciles en su primer aniversario.

El presidente Juan Manuel Santos y el jefe del ahora partido de izquierda, Rodrigo Londoño, volverán este viernes al Teatro Colón de Bogotá donde un año atrás firmaron el acuerdo que terminó con las FARC como guerrilla, tras un enfrentamiento de medio siglo con millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados, y que involucra a otros grupos armados.

Londoño, quien regresó de Cuba donde se recupera de un accidente cerebrovascular leve que sufrió en julio, pidió a Santos una reunión urgente para tratar los "incumplimientos" en la implementación del acuerdo negociado por cuatro años en La Habana y que sobrevivió al rechazo en un plebiscito.

"Somos socios de una misma empresa, la paz de Colombia, y esa paz tiene dificultades en este momento, entonces creo que los socios deben sentarse y encontrar salidas para no dejar fracasar el proyecto", declaró Londoño, también conocido como Timochenko, a Caracol Radio.

Sin el entusiasmo de hace un año, el mandatario y el exjefe guerrillero coincidirán en el Teatro Colón en un acto de carácter no oficial, y aún no están definidos la hora y el sitio de la cita.

"Yo dije desde el comienzo que este proceso iba a ser muy difícil, y que seguramente habrán críticas de un lado y del otro", se justificó Santos, quien dejará el poder en agosto.

- Enredo legislativo y polarización -

En medio de la polarización que genera un acuerdo que para la derecha y otros sectores es demasiado indulgente con una organización que se financió del narcotráfico e incurrió en acciones crueles, varias cosas han cambiado en el último año.

El 15 de agosto las FARC entregaron a la ONU su último fusil. Casi 7.000 hombres y mujeres dejaron de combatir, y las muertes por el conflicto, que al inicio de los diálogos llegaban a 3.000 por año, se redujeron a 78, según cifras oficiales.

Tras el desarme avalado por la ONU, las FARC mantuvieron sus siglas de guerra pero le dieron un nuevo significado: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido con el que preparan su estreno electoral en los comicios de 2018.

Con una imagen negativa del 79% en las encuestas, el partido postuló a Londoño a la presidencia y candidatos al Congreso. El pacto les garantiza 10 curules en el Parlamento de 268 escaños.

El de 310 páginas prevé además reformas rurales y políticas que no han salido del papel. Y lo que más preocupa es la suerte que pueda correr la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que juzgará los crímenes atroces cometidos durante el conflicto.

El Congreso, con una inestable mayoría oficialista, todavía no reglamenta el sistema bajo el cual guerrilleros y militares podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

El Legislativo tienen hasta fin de mes para aprobar la normativa por vía rápida.

Al tiempo que la FARC denuncian modificaciones esenciales a lo pactado en el trámite legislativo, unos 3.600 excombatientes han abandonado las 26 zonas donde se habían concentrado para su reincorporación social y económica, muchos desencantados con el proceso, según la ONU.

Además, 23 exguerrilleros y 11 familiares de integrantes de la FARC han sido asesinados desde que se firmó la paz.

Aunque menos intenso, el conflicto no ha terminado. El gobierno de Santos persigue a entre 800 y 1.000 disidentes del grupo marxista, combate sin tregua el narcotráfico y negocia la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla que reconoce.

- Sin retorno -

Pese a los incumplimientos, Londoño reiteró que la FARC no volverá a las armas.

"No tenemos ni plan A ni plan B ni plan Z. Renunciamos al uso de las armas defendiendo nuestras banderas políticas para ir a defenderlas en la arena política (...), y ahí nos vamos a mantener por encima de las dificultades", sostuvo.

Para analistas como Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, el acuerdo de paz, si bien no ha significado la paz absoluta, prácticamente sepultó la llamada "violencia política".

Sin embargo, "algunos territorios van a estar condenados a vivir nuevos ciclos de violencia", dice a la AFP, aludiendo a las zonas donde grupos se disputan el control del narcotráfico, combustible del conflicto, tras la salida de los rebeldes.

Colombia es el principal productor y exportador mundial de cocaína. En ese sentido, "estamos condenados a vivir una violencia criminal vía cultivos de coca, vía minería ilegal", añade Ávila.