Alcalde y gobernadora imputados por alud que dejó cientos de muertos en Colombia

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Bogotá (AFP)

La fiscalía anunció este miércoles que acusará de homicidio culposo al alcalde de Mocoa y la gobernadora de Putumayo, en el sur de Colombia, por omitir medidas que hubieran podido prevenir un alud que dejó más de 300 muertos en abril.

La gobernadora Sorrel Aroca y el alcalde José Antonio Castro "desatendieron la posición de garantes" que, de acuerdo con la Constitución, "les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico", señaló el organismo en un comunicado.

El desastre "era previsible", pues "se conocía el grado de amenaza, vulnerabilidad y peligro inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas", añadió.

Por ello también imputará al exalcalde de Mocoa Elver Porfidio Cerón (2012-2015).

La gigantesca avalancha de lodo, piedra y escombros que se desató entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril por la crecida de tres ríos tras torrenciales lluvias, arrasó con la ciudad y dejó un saldo de 332 muertos y 77 desaparecidos, según cifras oficiales.

Unos 45.000 de los 70.000 habitantes de Mocoa, capital del selvático departamento de Putumayo, resultaron afectados por el alud, según el gobierno.

Las pesquisas "permitieron identificar la existencia oportuna de varias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades", agregó la fiscalía.

Además, se cambió el uso del suelo de zona forestal a área de expansión urbana, señala el ente investigador, con lo que las comunidades habitaron áreas que posteriormente se vieron afectadas por el alud.

También se "permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda" de los ríos Sangoyaco y Mulato, cuyas aguas crecidas provocaron la tragedia, aseveró.

Ante esas irregularidades, imputará los cargos de "homicidio culposo en posición de garante" contra Aroca, Castro y Cerón, por lo que se exponen a penas de entre dos y nueve años de cárcel.

A Castro y Cerón también los acusa de prevaricato por acción y omisión.