El Salvador y su drástica legislación contra el aborto

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San Salvador (AFP)

El Salvador tiene 27 mujeres encarceladas por abortos, muchas de las cuales sufrieron emergencias obstétricas, bajo a una severa legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.

El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como "homicidio agravado", un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

Bajo el Código Penal de 1973, el aborto se permitía en varias circunstancias, pero una reforma aprobada en 1997 durante el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) (1989-2009) lo prohibió totalmente.

La nueva ley entró en vigencia en 1998 y un año después una reforma constitucional ordenó al Estado proteger la vida humana desde el momento de la concepción.

Bajo la rígida legislación, al menos 27 mujeres pobres que por emergencias obstétricas buscaron asistencia en hospitales públicos quedaron detenidas acusadas de homicidio agravado y ahora afrontan penas de cárcel, en algunos casos de hasta de 30 años.

Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando se ponga en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad de sobrevivencia del feto.

La iniciativa se encuentra estancada por la inmediata reacción de los partidos conservadores y de organizaciones civiles antiaborto.

La actual legislación, según organizaciones feministas, ha provocado "la inseguridad jurídica" del personal médico, sobre todo en los hospitales públicos, cuando tienen que enfrentar casos de embarazos de alto riesgo y temen ser encarcelados por practicar un aborto.

La conservadora Fundación Sí a la Vida sostiene que "el aborto es un asesinato y un negocio sanguinario" y acusa al lobby internacional de buscar "legalizar el asesinato de ciudadanos salvadoreños".

La dureza de la ley salvadoreña trascendió en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus y a la que se le impidió abortar a pesar de que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir al nacer.

El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de El Salvador autorizó que a Beatriz se le practicara una cesárea temprana y el recién nacido murió horas después.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una demanda contra El Salvador por el caso de Beatriz, pero la mujer murió tras un accidente el 8 de octubre pasado cuando estaba por cumplir 27 años y no llegó a enterarse de que su caso había prosperado.