El laberinto judicial de Lula complica las apuestas electorales en Brasil

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Sao Paulo (AFP)

El camino hasta las elecciones de octubre de 2018 en Brasil se presenta sembrado de obstáculos para el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a causa de enredos judiciales que pueden sacarlo de la liza e incluso enviarlo a la cárcel.

Una corte de tres magistrados juzgará el 24 de enero en Porto Alegre (sur) la apelación presentada por Lula (2003-2010) contra su condena en primera instancia a nueve años y medio de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Favorito en los sondeos, Lula, de 72 años, niega cualquier ilícito en este caso y en otros seis procesos abiertos en su contra y denuncia un "pacto diabólico" para impedir su regreso al poder.

Y no está dispuesto a dar el brazo a torcer.

"Cualquiera sea el fallo del 24 de enero, los múltiples recursos a disposición de la defensa de Lula siembran dudas sobre si estará habilitado al iniciarse la campaña", indica una nota de la consultora Eurasia Group, que reconoce que "resulta difícil" avanzar conjeturas al respecto.

El propio Lula definió su atípica situación al ser alcanzado el año pasado por las investigaciones de la Operación Lava Jato: "Si me encarcelan, me convierto en héroe. Si me matan, me convierto en mártir. Y si me dejan libre, me convierto de nuevo en presidente", declaró.

Éstos son los principales escenarios que se abren a partir del 24 de enero:

- Proceso penal -

- Si uno de los jueces pide aplazar los debates, el juicio se posterga para un análisis más detallado, que puede demorar varias semanas.

- Si Lula es absuelto, el Ministerio Público puede recurrir la sentencia ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) o el Supremo Tribunal Federal (STF).

- Si la condena a 9 años y medio de cárcel es ratificada por los tres jueces, la defensa tiene dos días para presentar un recurso solicitando aclarar imprecisiones o dudas.

- Si la condena es ratificada por 2 votos contra 1, la defensa tiene diez días para solicitar que el voto favorable a Lula prevalezca sobre los otros dos (un recurso legal que en portugués se denomina "embargo infringente"). El análisis recaería entonces en seis magistrados, incluyendo los tres que tomaron la decisión previa.

No hay plazo establecido para concluir el proceso en ninguno de estos dos últimos casos.

Si el fallo de primera instancia se confirma, la prisión podría decretarse cuando se agoten los recursos.

Lula podría aún recurrir a instancias superiores:

- Ante el STJ: la defensa tiene un plazo de 15 días para presentar un recurso especial en el que pida discutir el mérito de la acción o su nulidad. No puede discutir hechos nuevamente.

- Ante el STF: la defensa tendría también 15 días para cuestionar la condena o pedir la nulidad del proceso mediante un recurso extraordinario. La aceptación del pedido de nulidad obligaría a realizar un nuevo juicio de primera instancia.

No hay plazo establecido para la decisión en torno a estos recursos.

La decisión del STF es definitiva.

- En el plano electoral -

De acuerdo con el marco jurídico brasileño, si el exmandatario es condenado en segunda instancia quedaría inhabilitado electoralmente (ley de 'Ficha Limpia'). Pero podría entrar en la carrera por las presidenciales de octubre gracias a medidas cautelares o solicitando una autorización a instancias superiores.

Incluso condenado, Lula podría registrar su candidatura. Y si ésta es impugnada por el Ministerio Público, el caso quedaría en manos de la justicia electoral.

Si el fallo fuera ratificado en esa instancia, el candidato puede ser reemplazado hasta veinte días antes de la elección (la primera vuelta está prevista para el 7 de octubre).

En Brasil, después de la elección y antes de la toma de posesión en enero hay un paso intermedio, que es la entrega del diploma que reconoce al candidato electo, a mediados de diciembre. A partir de ese momento, comienza a beneficiar del fuero privilegiado.

Si Lula resultase elegido y fuese condenado de forma definitiva después de ese momento, el proceso podría suspenderse hasta el fin de su mandato, porque un presidente no puede responder por crímenes cometidos fuera del periodo de ejercicio de sus funciones.