Exdirectivos de Ford a juicio por torturas durante dictadura argentina

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Buenos Aires (AFP)

Exdirectivos de Ford se sentarán desde este martes en el banquillo en Argentina por el secuestro y torturas que sufrieron 24 trabajadores dentro de una de las plantas de la automotriz a manos de la dictadura (1976-1983).

Se trata de una causa emblemática sobre la participación de empresarios en crímenes de terrorismo de Estado y que involucra a tres exdirectivos, dos ya fallecidos, y al jefe de seguridad de la firma.

Las víctimas eran todos operarios de la planta de Ford ubicada en la localidad de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, algunos de ellos delegados gremiales.

Los trabajadores fueron arrestados por fuerzas militares mientras cumplían con su trabajo dentro de la planta entre el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de Estado y agosto de ese año.

Fueron retenidos en el quincho de la planta, donde funcionaba un lugar de esparcimiento para los operarios, donde las víctimas fueron golpeadas y torturadas por unas doce horas, según testimonios que obran en la causa.

Luego fueron trasladados a comisarías y más tarde alojados en cárceles a disposición del Poder Ejecutivo.

Los acusados son el exgerente de Manufactura de Ford, Pedro Müller, el exjefe de Seguridad de la planta en General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla, también el exjefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros.

El presidente de compañía en esa época, Nicolás Enrique Courard y el gerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, ya fallecieron.

A Riveros se lo acusa de ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos, entre otros delitos.

A Müller y Sibilla por haber aportado los medios necesarios para la comisión de dichos crímenes.

La querella considera que los empresarios fueron piezas clave para identificar a los trabajadores con actividad sindical para su posterior detención. También por haber prestado las instalaciones de la empresa donde fueron torturados y los vehículos donde luego fueron trasladados a dependencias policiales.

La primera audiencia se realizará luego de varias postergaciones que han demorado el trámite por casi dos años.