Llegadas de inmigrantes por mar a España se triplicaron en 2017

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Madrid (AFP)

Argelinos y marroquíes reforzaron en 2017 el flujo migratorio a España, donde se triplicaron las llegadas por mar y aumentaron los fallecidos, consagrando este país como la tercera ruta de migrantes que arriesgan sus vidas en el Mediterráneo para alcanzar Europa.

"Al terminar el año, el balance sigue siendo desolador", sentencia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), una ONG.

Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) son elocuentes. Del 1 de enero al 20 de diciembre, cerca de 21.500 personas llegaron por mar a España, tras arriesgar su vida en precarias embarcaciones y previo pago a las mafias que facilitan la infraestructura para estas travesías.

El dato triplica el del año anterior (6.046), y con él aumentó el número de muertos y desaparecidos en lo que va de año: 223, es decir 95 más que en 2016.

"Padecemos una presión migratoria en todo lo que es la zona del Mediterráneo", desde Andalucía (sur) hasta las islas Baleares (este), resumió este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en declaraciones a la radio Cope.

En total, según la OIM, 3.116 personas murieron o desaparecieron en la travesía del Mediterráneo hasta el 20 de diciembre, por debajo de los 4.967 de 2016.

Italia sigue siendo la principal puerta de entrada a la UE, con casi 119.000 llegadas y 2.832 muertos. Vienen desde Libia, donde las autoridades africanas y europeas se han comprometido a combatir las redes de traficantes que exigen miles de dólares a los inmigrantes africanos varados y esclavizados en ese país.

Le sigue Grecia con 28.800 llegadas y 61 fallecidos, donde desde 2015 el flujo ha caído exponencialmente debido a a un acuerdo entre la UE y Turquía para contener la venida de refugiados sirios, afganos e iraquíes.

- Inestabilidad política y económica en el Magreb -

En los últimos años, el grueso de inmigrantes llegados a España procedía del África subsahariana. La novedad en 2017 es la llegada en mayores proporciones de inmigrantes argelinos y marroquíes.

"Este año ha habido un aumento relevante de personas procedentes de Argelia", comenta a AFP Carlos Arce, responsable de migraciones en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Arce lo atribuye a que allí "la situación económica ha sufrido un deterioro en los últimos tres años", en los que el país ha acusado la caída de los precios del petróleo, del que obtiene el 95% de sus ingresos en divisas.

Y destaca igualmente el incremento en las llegadas de marroquíes, un fenómeno corroborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

En un informe publicado en noviembre, ésta destacaba que los marroquíes estaban arribando a bordo de tablas de windsurf, botes hinchables y embarcaciones de madera, "algunas con más de 60 personas" a bordo. También se estaban produciendo llegadas importantes de marfileños y guineanos.

Carlos Arce cree que en el caso marroquí ha influido, entre otros factores, la inestabilidad en la norteña región del Rif, sacudida durante la primera mitad del año por protestas populares en las que se pedía al poder central una mayor inversión en desarrollo.

Según afirma, las fuerzas policiales parecen haber estado "más concentradas en la represión que en el control migratorio", lo que habría facilitado las partidas de embarcaciones rumbo a España.

Una vez en tierra, las asociaciones españolas defensoras de los derechos humanos denuncian el trato dispensado a los migrantes.

En noviembre hubo una fuerte polémica cuando cerca de 500 migrantes, en su mayoría argelinos llegados por mar en cuestión de pocas horas, fueron internados en una prisión en la localidad andaluza de Archidona.

Según Alejandro Cortina, director de la asociación Málaga Acoge, en las últimas dos semanas "cientos de personas han sido ya devueltas a Argelia", entre ellas "varios menores".

Las asociaciones criticaron estos internamientos y defienden que, a la espera de que se decida la devolución de los migrantes a sus países de origen, deberían aplicarse medidas cautelares menos coercitivas. Por ejemplo, que permanezcan en centros de acogida asociativos o estatales, con obligación de comparecer periódicamente ante un juzgado o una comisaría de policía.

Zoido se defendió en su momento de la polémica, explicando que la aplicación de medidas más laxas implica el riesgo de que escapen al control de las autoridades, causando un "efecto llamada" entre las mafias dedicadas a la inmigración ilegal.