La violencia policial en Brasil continúa desenfrenada, alerta HRW

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Brasilia (AFP)

Human Rights Watch (HRW) alertó este jueves que la violencia policial en Brasil continúa "sin frenos" e instó a las autoridades a tomar medidas para reducir las ejecuciones extrajudiciales.

Según el reporte de la organización sobre la situación de los derechos humanos en 90 países, a lo largo de 2016 murieron en Brasil 4.224 personas a manos de la policía, un 26% más que en el año precedente.

En ese mismo año, 437 agentes de fuerzas de seguridad fueron asesinados en Brasil, en su mayoría fuera de servicio.

"Mientras algunas de las muertes causadas por la policía son resultado del uso legítimo de la fuerza, otras son ejecuciones extrajudiciales", afirma la ONG.

"La policía en Brasil precisa desesperadamente la cooperación de la comunidad para combatir los elevados índices de criminalidad que afligen al país", subrayó María Laura Canineu, directora de HRW Brasil.

Pero "mientras algunos policías agredan y ejecuten personas impunemente, la comunidad no confiará en la policía", añadió.

La ONG señala que las ejecuciones cometidas por algunos agentes ponen en riesgo la vida de sus colegas, que a menudo sufren represalias durante los enfrentamientos con delincuentes.

Los negros (76,2%) y lo jóvenes (81,8%) son las principales víctimas de la violencia policial.

HRW también criticó la implementación "incompleta" de la ley "Maria da Penha", que desde 2006 endureció las condenas por violencia doméstica.

"Las comisarías especializadas en la mujer tienen recursos humanos insuficientes, generalmente cierran durante la noche y los fines de semana, y están concentradas en las grandes ciudades", afirma el reporte.

"Miles de casos por año no son debidamente investigados" y "casos de violencia doméstica que permanecen impunes típicamente se agravan y pueden llevar a la muerte", agrega.

En 2016, 4.657 mujeres fueron asesinadas en Brasil, según los últimos datos de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.

En total, el país registró 61.619 muertes violentas ese mismo año, una cifra récord.

HRW también alertó sobre una serie de leyes a estudio del Congreso que pretenden aumentar el tiempo máximo de encierro de adolescentes infractores y permitir que jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean juzgados como adultos.