America Latina

En el 2017 aumentaron en Latinoamérica los asesinatos de defensores de DDHH según Front Line Defenders

Un manifestante sostiene un letrero que dice: "justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos" durante una marcha contra el perdón del ex presidente Alberto Fujimori en Lima, Perú, el 11 de enero de 2018.
Un manifestante sostiene un letrero que dice: "justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos" durante una marcha contra el perdón del ex presidente Alberto Fujimori en Lima, Perú, el 11 de enero de 2018. Guadalupe Pardo / Reuters

La organización Front Line Defenders publicó su informe anual y el balance para América Latina es negativo. 312 activistas fueron asesinados en el mundo, de los cuales 156 ocurrieron solamente en Brasil y Colombia.

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Rosenildo Pereira fue asesinado en Río Maira Brazil, el 7 de julio de 2017. Fue un campesino que defendió pacíficamente la ocupación en el asentamiento de Santa Lucia, una granja en Pau D´arco al norte del país.

El defensor había recibido numerosas amenazas de muerte. Y unos días atrás, el 24 de mayo, había atestiguado el asesinato de diez compañeros que hacían parte del grupo que exigía los derechos sobre la Tierra en Santa Lucia. Los hechos se conocieron como la masacre de Pau D´arco.

Casos como el de Rosenildo no son raros en Latinoamérica. Según el último informe de la organización, con base en Dublin, Front Line Defenders, más de 150 defensores de derechos humanos fueron asesinados solamente en Brasil y Colombia. El panorama no es muy distinto en otros de los países latinoamericanos.

En México el 2017 fue un año violento. Según la organización, nunca antes se habían reportado tantos asesinatos de ambientalistas y periodistas en ese país.  En Colombia, el proceso de paz parece no haber detenido el desangre de los defensores de Derechos Humanos.  Los territorios que dejaron las guerrillas desarmadas de las Fuerzas Armadas revolucionarios de Colombia –FARC- se convirtieron en tierras en disputa.  Y el número de defensores asesinados, según la organización, aumentó luego de la firma del acuerdo.

En el informe explican: “la mayoría de las personas asesinadas eran líderes y lideresas locales comprometidos/as con labores sociales o comunitarias en sus territorios y murieron a manos de agentes armados paramilitares o «no identificados” La tierra es la principal causa de la violencia.

En Brasil la mayoría de los asesinatos están relacionados con la defensa de la tierra o de los derechos indígenas. La crisis económica y política también ha empeorado la situación de los defensores en Venezuela, Guatemala, Paraguay y Argentina.  La desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, quién participaba en una marcha por la defensa de los derechos del pueblo Mapuche, sacudió el país.

El Salvador es el país que la organización pone en punto de mira.  Reconoce como un logro la aprobación del gobierno de una ley que prohíbe la extracción de metales y que fue fruto de una larga lucha de los defensores. Dice el informe que durante décadas los defensores “acompañaron y movilizaron a las comunidades que se vieron negativamente afectadas por los proyectos mineros.” Y concluye que los defensores que impulsaron ese proyecto, están entre los que más corren peligro en ese país.

El panorama en el resto del mundo no es alentador

El caso de la activista palestina Ahed Tamimi ha dado la vuelta al mundo. La adolescente de 16 años, del pueblo de Nahib Saleh en Cisjordania, protestaba contra la ocupación del ejército israelí cuando fue capturada. A pesar de ser menor de edad, enfrenta una pena de 10 años de cárcel.

El panorama de los defensores de Derechos Humanos en el mundo no es mejor. Front Line Defenders registró el asesinato de 312 defensores de derechos humanos.  De los cuales el 80% de los asesinatos ocurrieron en Brasil, México, Colombia y Filipinas.

En esos asesinatos, la impunidad es un factor de riesgo sobre la prevención de ataques de los defensores. La organización dice que, de los casos recopilados, solo el 12% resultó en el arresto de sospechosos.

Pero además de los asesinatos, en todas las regiones se han dado otros métodos para acallar a los defensores. El informe explica: “La criminalización siguió siendo la técnica más comúnmente utilizada por los Gobiernos para frenar su trabajo y deslegitimarlos frente a las comunidades.”

Incluso los Estados estarían utilizando leyes ambiguas de antiterrorismo para perseguir el trabajo de los defensores. En su informe en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Relator Especial de Derechos Humanos señaló su preocupación sobre: “la proliferación de estados de emergencia permanentes y la normalización de poderes excepcionales de seguridad nacional en el marco de sistemas jurídicos comunes".

El trabajo de los defensores en los países en guerra es otro de los puntos graves. En países como Afganistán, Iraq, Somalia, Sudan del Sur, Siria, Yemen y Libia los defensores enfrentan enormes riesgos y obstáculos para desarrollar su trabajo.

En este panorama, recuerda la organización, el 2018 marca el vigésimo aniversario de la declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de Derechos Humanos. Y la organización resalta que, sin embargo, ha habido “un crecimiento significativo del movimiento mundial de derechos humanos.”

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