El director de los carabineros chilenos, en el ojo de la tormenta

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Santiago (AFP)

El supuesto amaño de pruebas por parte de la unidad de inteligencia de los carabineros chilenos, hasta hace poco la institución más respetada de Chile, en una investigación contra un grupo de mapuches, ha sumido a la institución en una profunda crisis.

En una decisión poco usual, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, conminó este lunes al director de Carabineros, el general Bruno Villalobos, a regresar inmediatamente al país. Villalobos había emprendido un viaje el pasado sábado a Miami (Estados Unidos) para iniciar sus vacaciones anuales, que esperaba prolongar hasta el 26 de febrero.

"Mientras se desarrollan investigaciones administrativas y penales vinculadas a la denominada 'Operación Huracán', se le ha indicado a la autoridad policial que suspenda su feriado legal y retome sus funciones a la brevedad", señaló este lunes un comunicado de la Subsecretaría del Interior.

La fiscalía acusa a los agentes del servicio de inteligencia de los Carabineros, la policía chilena, de amañar pruebas contra activistas mapuches acusados de estar detrás de la quema de camiones de empresas forestales que trabajan en la región de La Araucanía (sur).

El Tribunal de la ciudad de Temuco (sur) convocó para el miércoles una audiencia en la que se espera que el Ministerio Público desista de proseguir la investigación de la denominada 'Operación Huracán', en la que los ocho imputados tienen previsto pedir su sobreseimiento por este caso por el que ya estuvieron detenidos preventivamente.

Los encargados de la investigación habrían creado una aplicación para extraer supuestos mensajes de Whatsapp y Telegram de los teléfonos de los acusados.

Este caso no ha hecho más que complicar la gestión del general Villalobos, tras un fraude dentro de la institución, -un esquema que desvió al menos 26.700 millones de pesos (más de 44 millones de dólares) en el que habrían participado más de cien personas-, y la polémica surgida por una vivienda de su propiedad asentada en un terreno agrícola con un valor fiscal muy inferior al real.

Designado en el cargo por la presidenta Michelle Bachelet en 2015, Bruno Villalobos también tiene otros frentes abiertos como el pago de 300 millones de pesos (cerca de 500.000 dólares) por trabajos inconclusos en la Central de Comunicaciones (Cenco) de la institución, en el centro de Santiago.

Asimismo, Villalobos declaró el año pasado como testigo del caso de la muerte de un estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile en febrero de 1985, en plena dictadura militar, según la prensa local.

El ministro del Interior chileno, Mario Fernández, también suspendió este lunes sus vacaciones por el conflicto que enfrenta a los Carabineros con el Ministerio Público.