Brasil ante el reto de cambiar su política de seguridad tras un enero sangriento

Anuncios

Río de Janeiro (AFP)

La madrugada del 1 de enero, cuando millones de brasileños celebraban el año nuevo, la fiesta acabó rápido en una cárcel del centro del país: nueve presos fueron brutalmente asesinados, dos de ellos decapitados, en un motín que marcó el tono de este 2018.

El episodio fue el inicio de un enero sangriento en Brasil, con tiroteos multiplicándose en las favelas de Rio de Janeiro, la masacre de 14 personas en un club nocturno de Fortaleza y un nuevo choque entre facciones que dejó 10 muertos más en una prisión cercana a esa ciudad del noreste.

La violencia acompaña al gigante latinoamericano desde hace décadas, pero en medio de la crisis fiscal en muchos estados, de cuyo presupuesto depende la seguridad pública, empieza a ser visibles niveles críticos.

"El sistema de seguridad está fallido", reconoció el miércoles el ministro de Defensa, Raul Jungmann, desde Rio de Janeiro.

Ese día, una de las principales vías de acceso al aeropuerto de la "Ciudad Maravillosa" fue cortada por un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes.

En la larga cola de vehículos, escenas de pánico: algunos conductores salían corriendo despavoridos de sus autos, mientras una mujer intentaba proteger con su cuerpo a sus hijos.

- Corrupción policial -

"Precisamos tomar las medidas necesarias antes que sea demasiado tarde y que nos lamentemos por estar repitiendo la trayectoria de otros países", dijo Jungmann a GloboNews, citando en particular la situación de México.

La cuestión es compleja. Hay razones estructurales como una desigualdad y una corrupción enquistadas, sumadas al acceso cada vez mayor a armas de alto poder por grupos de traficantes que se fortalecen en cárceles sobrepobladas y tiñen de sangre el país, en una pelea despiadada por el control del mercado de drogas.

Todo eso en medio de una lógica de "guerra" contra el crimen y una policía que ha visto atrasado el pago de sus salarios en algunos estados prácticamente en bancarrota, como Rio, y que más de una vez aparece involucrada con las bandas del tráfico.

"La penetración del crimen en todas las policías tiene que ser combatida", resaltó Jungmann.

- El "patito feo" -

La Constitución de 1988, elaborada después de la dictadura, tiene también parte de culpa en el fracaso de las políticas de seguridad pública. La carta magna dio prácticamente toda la responsabilidad a los estados, tanto en términos presupuestarios como de estrategia.

"La seguridad pública era el 'patito feo'. Estábamos saliendo de una dictadura y nadie quería nada con la seguridad pública. ¿Por qué salud y educación quedaron atribuidas a la Unión? Porque eran importantes, podían dar votos. Hoy estamos pagando esa cuenta", manifestó esta semana el exsecretario de Seguridad de Rio, José Mariano Beltrame.

"No hay duda de que Brasil necesita de un nuevo pacto federativo, la seguridad pública tiene que ser un tema federativo", dijo a la AFP Arthur Trindade, profesor de la Universidad de Brasilia y exsecretario de seguridad del Distrito Federal.

Además de la cuestión presupuestaria, Trindade remarca que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, incluida dentro del ministerio de Justicia, emplea a unos pocos funcionarios en un país de 208 millones de habitantes. También, que no existe una ley que estructure a las policías ni un sistema de estadísticas "confiable" para planear acciones.

En su lugar, organizaciones como el Foro Brasileño de Seguridad Pública hacen ese trabajo.

En su último informe, la ONG cifró en 61.619 los asesinatos en el país en 2016, siete homicidios cada hora, un récord que refleja tanto el aumento de la letalidad policial como del asesinato de agentes y que implica una tasa de 29,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, por encima de los 21 estimados en México.

- Menos palabras, más acciones -

Aunque los expertos apuntan a que las víctimas de la violencia siguen siendo mayoritariamente jóvenes, negros y pobres, advierten cambios en las zonas rojas.

"La mayor novedad no es la violencia en Rio o Sao Paulo, sino una mayor estructuración de los grupos criminales en el norte y nordeste", apunta Ignacio Cano, experto en violencia de la Universidad estatal de Rio (UERJ).

El gobierno conservador de Michel Temer, que asumió el poder en 2016 tras el impeachment de Dilma Rousseff (izquierda), ha planteado la necesidad de tomar cartas en el asunto, sin precisar planes concretos antes de entregar el poder en 2019.

"Tenemos una crisis económica y política muy fuerte que complica el escenario y el gobierno federal se pone a la defensiva y empieza a dar declaraciones 'bombásticas' en vez de tomar medidas, como una forma de eludir su propia responsabilidad", lamenta Cano.

"Reformar este sistema depende fundamentalmente de la fuerza del presidente de la República. Y eso, sin un presidente electo en las urnas que quiera gastar parte de su capital político en un tema tan espinoso que puede no dar resultados en cuatro años... es muy difícil", apunta Trindade.