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Con denuncias de politización y protestas, inició el juicio a los líderes independentistas de Cataluña

Vista general de la sala del Tribunal Supremo en el primer día del juicio a los líderes independentistas catalanes en Madrid, el 12 de febrero de 2019.
Vista general de la sala del Tribunal Supremo en el primer día del juicio a los líderes independentistas catalanes en Madrid, el 12 de febrero de 2019. Emilio Naranjo / Pool vía Reuters

El primer día del proceso judicial en el Tribunal Supremo estuvo marcado por asuntos técnicos y los primeros argumentos de las defensas. En Madrid y Barcelona hubo protestas a favor y en contra de los dirigentes enjuiciados.

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Doce líderes separatistas catalanes se sentaron en el banquillo por primera vez en el inicio del juicio en el Tribunal Supremo por el fallido intento de independencia de Cataluña de 2017, que desató una de las mayores crisis políticas de España en décadas.

La primera jornada estuvo marcada por la presentación de algunos asuntos técnicos y de procedimiento, a la vez que los representantes de las partes pudieron expresar sus primeros argumentos del proceso judicial, que se extendería por al menos tres meses y es transmitido por completo a través de Internet.

En total, doce políticos y líderes de organizaciones civiles enfrentan cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, alegaciones que todos ellos rechazan.

Líderes independentistas catalanes se someten al primer día del proceso judicial en el Tribunal Supremo, en Madrid, el 12 de febrero de 2019.
Líderes independentistas catalanes se someten al primer día del proceso judicial en el Tribunal Supremo, en Madrid, el 12 de febrero de 2019. Emilio Naranjo / Pool vía REUTERS

La Fiscalía solicita penas de entre 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión (con uso de violencia), malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado pide entre 7 y 12 años de prisión por sedición. Por su parte, el partido ultraderechista Vox, que lleva la acusación popular, exige condenas de 24 a 74 años de reclusión.

En este marco, varios de los abogados defensores de los líderes independentistas cuestionaron la legitimidad del proceso y apuntaron a la politización detrás del evento.

Andreu Van den Eynde, abogado defensor de Oriol Junqueras (ex vicepresidente catalán) y de Raül Romeva (exconsejero de Asuntos Exteriores), sostuvo que se trata de un juicio político que ha “criminalizado” derechos básicos como la protesta y la libertad de expresión.

Asimismo, remarcó que en el camino que ha llevado al juicio en el Supremo hubo “denegación de pruebas” y “vulneración de derechos fundamentales”, a la vez que cuestionó que los acusados lleven más de un año en prisión provisional.

Otro letrado, Jordi Pina, defensor de tres de los acusados, criticó la “falta de imparcialidad de al menos cuatro” de los jueces del Supremo, por ser miembros del tribunal inicial que admitió a trámite la querella inicial de la Fiscalía.

En tanto, Olga Arderiu, otra de las abogadas defensoras, aseguró que a los doce investigados se los ataca “como si fuesen enemigos”, vulnerando así “el principio de presunción de inocencia” y el derecho a emitir opiniones políticas.

La primera jornada del juicio, en la que ninguno de los doce acusados estaba programado para comparecer, contó con la presencia del presidente del Gobierno catalán, el independentista Quim Torra, quien portó un lazo amarillo, símbolo del reclamo de los grupos separatistas que consideran “presos políticos” a los líderes enjuiciados.

Protestas a las afueras del Tribunal Supremo en Madrid y en Barcelona

A las afueras del Tribunal Supremo en Madrid, la llegada de los diferentes actores del proceso judicial fue acompañada por la presencia de manifestantes tanto a favor como en contra de los líderes independentistas.

Mientras los partidarios secesionistas portaron carteles de “Libertad para los presos políticos”, los manifestantes rivales recibieron a los acusados al grito de “golpistas” y los apuntaban por la presunta intención de desmantelar el estado español con la declaración de independencia de la región en octubre de 2017.

Durante el día, las protestas, que no fueron demasiado numerosas, se replicaron en Madrid y en la capital de Cataluña, Barcelona, así como en otras ciudades de la región, como Gerona.

La movilización más grande se dio por la noche, cuando unas 6.000 personas se congregaron en Plaza Cataluña, en el centro de Barcelona, lideradas por la número dos del Gobierno regional, Elsa Artadi, así como dirigentes de instituciones y organizaciones sociales.

Miles de personas se manifiestan en Plaza Cataluña, en Barcelona, a favor de los líderes independentistas enjuiciados, el 12 de febrero de 2019.
Miles de personas se manifiestan en Plaza Cataluña, en Barcelona, a favor de los líderes independentistas enjuiciados, el 12 de febrero de 2019. Albert Gea / Reuters

En el cierre de la concentración, los organizadores leyeron un texto para denunciar la “imparcialidad” del Tribunal Supremo español y la “politización” de los organismos judiciales que quieren “llevar a cabo un castigo ejemplar decidido de antemano” contra el independentismo.

Las distintas organizaciones tienen prevista una nueva manifestación el próximo sábado 16 de febrero y una huelga general el 21 de febrero.

Cataluña también marca el pulso por el presupuesto que amenaza al gobierno de Pedro Sánchez

A la par del juicio contra los líderes independentistas, otra discusión clave para el futuro del Gobierno español tiene a Cataluña en el centro de la escena: el debate sobre el presupuesto que debe ser votado este miércoles 13 de febrero y que, en caso de ser desaprobado, podría adelantar el final de la administración del socialista Pedro Sánchez.

En concreto, los legisladores independentistas catalanes han anticipado que bloquearán el proyecto de ley del presupuesto, aduciendo que Sánchez se niega a incluir una opción de independencia en las conversaciones entre ellos.

Ante este escenario, la ministra de Presupuestos, María Jesús Montero, respondió que el gobierno “no se rendirá al chantaje” y descartó que la autodeterminación catalana entre en la agenda.

En la misma línea, a través de Twitter, Sánchez dijo que “tras 7 años de injusticia social, las derechas y el independentismo votarán en contra de unos Presupuestos Generales del Estado sociales”.

“Ambos quieren lo mismo: una Cataluña enfrentada a sí misma y una España enfrentada a sí misma. Nosotros trabajamos por una Cataluña en convivencia para una España unida”, subrayó.

Ante este escenario, y con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ocupando menos de una cuarta parte de los escaños en el Congreso, la desaprobación del proyecto de presupuestos de Sánchez es una posibilidad muy firme.

En caso de confirmarse esa medida, el Gobierno español podría adelantar el final de su Legislatura, previsto para mediados de 2020, a partir de unas elecciones anticipadas que se realizarían en abril o mayo próximos.

Con EFE y Reuters

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