Empleados públicos protestan contra la política de “despidos masivos” de Macri
Primera modificación:
Organizaciones sindicales y políticas marcharon en diversas ciudades de Argentina para rechazar los despidos en el sector público y los cierres de fábricas. También piden abolir la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
Los empleados públicos argentinos comenzaron este 15 de febrero movilizaciones en todas las ciudades del país como muestra de apoyo a la huelga general de trabajadores, que rechaza el deterioro de los salarios y los despidos masivos que sufren a causa de la nueva reforma laboral.
Estas movilizaciones calificadas como “masivas” por las organizaciones sindicales se caracterizaron por el uso de cacerolas en las distintas calles del país, entre ellas la Avenida de Mayo y la 9 de julio, las dos más emblemáticas de Buenos Aires. Las caravanas concentraron a cientos de argentinos que marcharon hacia la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para exigir la detención de esta reforma.
El 29 de enero de 2018, el presidente Mauricio Macri anunció una reforma laboral que contempla: cambio en el concepto del trabajo, habilitación de los despidos sin causa y sin indemnización, entre otros. Esto como un intento para “ahorrar” y controlar una inflación de más de 20 por ciento e impulsar cambios profundos en la vida política argentina.
La reforma rechazada por varios sectores públicos, en especial por La Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), uno de los mayores sindicatos de funcionarios de Argentina, considera que los que los nuevos recortes de Macri son una “tomadura de pelo”.
Hugo Godoy, secretario general de ATE, afirmó en una entrevista que "el gobierno no puede continuar con esta política económica que nos va a llevar a un abismo social (...). Se está ensañando con los trabajadores".
Asimismo, destacó que, solo en lo que va de 2018, hubo 3.000 despidos en el sector público y recordó que, en todo 2016, esta cifra fue de 15.000 y ascendió a 35.000 en provincias y municipios.
Por su parte, el gremio ATE insistió en que se lleve a cabo la “real implementación” de la ley de emergencia social-sancionada en diciembre de 2016 con el objetivo de ayudar económicamente a los sectores con menos recursos. Y exigió que se declare emergencia alimentaria por los “graves” problemas de nutrición que afectan a los niños y niñas argentinos.
Con EFE y Reuters
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