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El Congreso aprueba la cuestionada intervención militar de Rio

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Brasilia (AFP)

El Senado brasileño aprobó por amplia mayoría la intervención militar del área de seguridad del estado de Rio de Janeiro, cada vez más cuestionada por su aparente improvisación y por los riesgos que podría plantear para las garantías constitucionales.

Los senadores respaldaron a últimas horas del martes por 55 votos a favor, 13 en contra y una abstención el decreto emitido el viernes pasado por el presidente Michel Temer, después de que el propio gobernador de Rio admitiera que las fuerzas de seguridad bajo su autoridad se vieron desbordadas por una ola de violencia durante el carnaval.

La oposición, liderada por el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), intentó en vano bloquear la iniciativa.

El lunes, la medida había sido aprobada por la Cámara de Diputados.

La situación de la seguridad en Rio está en constante degradación desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016.

El gobierno federal envió en julio pasado 8.500 militares al estado para apoyar a las fuerzas policiales, sin resultados visibles hasta ahora en flagelos como la guerra por el control del tráfico de drogas en las favelas, el robo de camiones de carga o los "arrastrones" cometidos por decenas de jóvenes contra grupos de personas en las playas o en cualquier punto de la ciudad.

En 2017, hubo 6.731 homicidios dolosos (intencionales) en el Estado de Rio, un balance en constante crecimiento desde 2012, cuando se habían totalizado 4.666, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), un organismo oficial.

La intervención, inédita desde el retorno de la democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar, retira al gobernador el control de todas las fuerzas de seguridad y las pone en manos de un general del ejército, que reportará en forma directa al presidente Temer.

"El orden público está gravemente comprometido en el Estado", dijo el senador Eduardo Lopes, autor del informe que recomendó aprobar la intervención militar.

"Cuando vemos a delincuentes asaltando un puesto callejero con un fusil nos damos cuenta de la gravedad de la situación. La población vive asustada y con miedo", graficó el senador del Partido Republicano Brasileño (PRB), al que pertenece el alcalde evangélico de la ciudad de Rio, Marcelo Crivella.

El gobierno hizo el anuncio con grandes gestos, pero hasta el momento dio muy pocos detalles acerca de una operación que causa incomodidad incluso dentro del ejército, y que tendrá que lidiar con el espinoso capítulo de investigar la corrupción policial.

- Fiscales y Amnistía critican -

Criticada por especialistas que la tildan de efectista, la medida también fue cuestionada por fiscales de la República como Deltan Dallagnol, a cargo de resonantes investigaciones de la operación Lava Jato y quien rechaza los allanamientos colectivos que el gobierno manifestó inicialmente querer realizar en sus operaciones de búsqueda de personas en las favelas.

"El Código de Proceso Penal no autoriza la expedición de mandatos de búsqueda colectivos o genéricos. Al contrario, exige la mayor precisión posible en las viviendas a ser requisadas", escribió Dallagnol en una serie de ácidos tuits.

"Si caben las búsquedas y aprehensiones en las favelas de Rio, caben también en los gabinetes del Congreso. Las evidencias existentes colocan, proporcionalmente, muchas más sospechas sobre el Congreso que sobre los habitantes de las favelas, inocentes en su gran mayoría", agregó.

Decenas de legisladores sospechosos de corrupción se hallan protegidos por la inmunidad parlamentaria y por la lentitud de la corte suprema para tratar los expedientes, en comparación con la justicia ordinaria.

La utilización de tropas militares en situaciones específicas "no mejoró los índices de violencia", propiciando en cambio "graves violaciones de los derechos humanos" especialmente en las comunidades más empobrecidas, afirmó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Brasil, Jurema Werneck, en la presentación a la prensa en Rio de Janeiro del informe anual de la organización.

"Están queriendo hacer una guerra, pero solo en las favelas. Están queriendo eliminar nuestros jóvenes", dijo en el acto Glaucia dos Santos, una habitante del complejo de favelas de Chapadao, a quien la policía militar mató a su hijo en 2013.

La responsable de Amnistía lamentó que no se hayan tomado "medidas de inteligencia, de planificación, de prevención de la violencia" desde que Temer presentara el año pasado un plan de seguridad.

"¿Qué hay detrás de esta medida intempestiva, no planificada, extrema, que según algunos juristas viola la Constitución?", se preguntó.

Temer es acusado de querer desviar la atención al ser incapaz de aprobar una polémica reforma del sistema de jubilaciones reclamada por el mercado, que su gobierno enterró el martes.

Y hay analistas que, incluso, ven en esta medida el arranque de una campaña del mandatario para presentarse a las elecciones presidenciales de octubre.

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