Orden de detención en España contra la independentista catalana instalada en Suiza

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Madrid (AFP)

La justicia española emitió este miércoles una orden nacional de detención contra la independentista catalana Anna Gabriel, instalada en Ginebra (Suiza), según el auto recibido por AFP.

Anna Gabriel, ex diputada regional catalana de la CUP (extrema izquierda), debía comparecer este miércoles en Madrid ante el Tribunal Supremo. Es investigada por su papel en el proceso separatista que culminó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Sin embargo, la exportavoz parlamentaria de la CUP decidió no presentarse, alegando en una entrevista al diario suizo Le Temps que "no tendría un juicio justo" en España, y que se trata de "una persecución política".

En su escrito, el juez Llarena constató la incomparecencia de la exdiputada, "sin alegar causa legítima", por lo que emitió su orden de detención, que sólo es vigente en el territorio español, según precisó a AFP una portavoz del Supremo.

Previamente, interrogado sobre la posibilidad de una extradición, un portavoz del ministerio de Justicia suizo, Folco Galli, dijo que "según las bases legales tocantes a la cooperación entre Suiza y España", el país helvético no concede extradiciones "por delitos políticos".

"Si hay una demanda habrá que examinarla en profundidad. 'A priori', y por lo que dicen los medios de comunicación, parece tratarse de un delito político, así que no hay extradición", añadió el portavoz.

Anna Gabriel, profesora de Derecho nacida en 1975, es investigada por aparecer señalada como integrante de un supuesto "Comité Estratégico", encargado de "idear y pergeñar el proceso" de secesión de Cataluña respecto a España.

Al instalarse fuera de España, Gabriel siguió así los pasos de otros cinco independentistas que lo hicieron a fines de octubre: el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exministros regionales, instalados en Bélgica.

Todos ellos son investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, que pueden dar lugar a penas de hasta 30 años de cárcel.

Unos treinta integrantes del núcleo duro del independentismo catalán están siendo actualmente investigados por la justicia española. Cuatro de ellos se encuentran en prisión preventiva, incluyendo al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.