Orden de detención en España contra la independentista catalana instalada en Suiza

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Madrid (AFP)

La justicia española emitió este miércoles una orden nacional de detención contra la independentista catalana Anna Gabriel, que se encuentra instalada en Suiza y espera que la causa en su contra no prospere.

Anna Gabriel, exdiputada regional catalana de la CUP (extrema izquierda), debía comparecer este miércoles en Madrid ante el Tribunal Supremo.

Está investigada en una causa por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, por su papel en el proceso separatista que culminó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.

Sin embargo, la exportavoz parlamentaria de la CUP decidió no presentarse ante el juez instructor Pablo Llarena, alegando desde el martes en una entrevista al diario suizo Le Temps que "no tendría un juicio justo" en España, y que se trata de "una persecución política".

En declaraciones escritas enviadas a la AFP este miércoles, Gabriel añadió que en su opinión las pesquisas de la Guardia Civil en el marco de la investigación "no aportan ninguna prueba de los delitos que supuestamente se imputan", y se limitan a reproducir "declaraciones públicas" recogidas por la prensa durante su etapa como diputada.

La exdiputada dijo esperar "que el proceso judicial termine en un archivo de actuaciones", y que "no haga falta pedir asilo político a ningún país". Según explicó previamente a Le Temps, su objetivo es retomar en Ginebra la docencia como profesora universitaria de Derecho.

En su escrito, el juez Llarena constató la incomparecencia de la exdiputada, "sin alegar causa legítima", por lo que emitió su orden de detención, que sólo es vigente en el territorio español, precisó a la AFP una portavoz del Supremo.

Previamente, interrogado sobre la posibilidad de una extradición, un portavoz del ministerio de Justicia suizo, Folco Galli, dijo que "según las bases legales tocantes a la cooperación entre Suiza y España", el país helvético no concede extradiciones "por delitos políticos".

"Si hay una demanda habrá que examinarla en profundidad. 'A priori', y por lo que dicen los medios de comunicación, parece tratarse de un delito político, así que no hay extradición", añadió el portavoz.

- Seis independentistas en el extranjero -

Anna Gabriel, profesora de Derecho nacida en 1975 y francoparlante, aparece señalada en la investigación como integrante de un supuesto "Comité Estratégico", encargado de "idear y pergeñar el proceso" de secesión de Cataluña respecto a España. Dicho comité se encargó, según la Guardia Civil, de pilotar el referendo de independencia del 1 de octubre, prohibido por la justicia.

Al instalarse fuera de España, Gabriel sigue los pasos de otros cinco independentistas que lo hicieron a fines de octubre: el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exministros regionales, instalados en Bélgica.

Todos ellos son investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, que pueden dar lugar a penas de hasta 30 años de cárcel.

Unos treinta integrantes del núcleo duro del independentismo catalán están siendo actualmente investigados por la justicia española.

Cuatro de ellos se encuentran en prisión preventiva, incluyendo al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Al hilo de esto, Gabriel aseveró a AFP que a su juicio el Tribunal Supremo sigue "emitiendo resoluciones basadas en los posicionamientos o creencias políticas de los acusados y en el supuesto peligro de brotes violentos para justificar su encarcelamiento".

En las elecciones catalanas del 21 de diciembre, el partido de Anna Gabriel, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), sufrió un descalabro, al pasar de 10 diputados a sólo 4. No obstante, las listas separatistas mantuvieron su mayoría de escaños, con 70 de los 135 diputados del parlamento regional.

Puigdemont, cabeza de la lista independentista más votada, pretende ser investido presidente pese a encontrarse en Bruselas. El proceso se encuentra actualmente bloqueado, y Cataluña sin gobierno regional y con su autonomía intervenida por el ejecutivo central de Mariano Rajoy.

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