Juicio por masacre de 2003: Expresidente boliviano muestra intentos de dialogar

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Fort Lauderdale (Estados Unidos) (AFP)

El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada se defendió este martes mostrando sus repetidos esfuerzos por dialogar con los campesinos opositores, en un juicio civil en Florida por crímenes contra la humanidad por su supuesto papel en una masacre en 2003 en Bolivia.

El juicio a Sánchez de Lozada, de 87 años, y a su entonces ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la llamada "masacre de octubre" comenzó el 5 de marzo en un tribunal federal en Fort Lauderdale, sur de Florida, y se espera que dure dos semanas más.

En él, los familiares de ocho bolivianos muertos en la alegada masacre buscan indemnizaciones por parte de ambos políticos por "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos" entre septiembre y octubre de 2003, según la demanda interpuesta en 2013.

La defensa de "Goni" -apodo de Sánchez de Lozada- mostró evidencia según la cual el expresidente llamó a dialogar a los líderes del conflicto social que tuvo lugar en septiembre y octubre de 2003 y que eventualmente facilitó el ascenso al poder del entonces líder cocalero Evo Morales.

Su abogado Stephen Raber mostró dos cartas escritas por el expresidente tras su dimisión y dirigidas a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas, en las que pedía una investigación independiente de los hechos ocurridos durante la "guerra del gas".

Dijo que quiso aclarar los hechos "porque la historia la escriben los ganadores".

Raber también expuso varias cartas que mostraron la disposición de Sánchez a dialogar con Morales y el líder campesino Felipe Quispe, quienes según la defensa se negaron a levantar los bloqueos carreteros que entonces afectaron la distribución de alimentos y combustible.

"Teníamos una situación muy difícil en el campo", dijo Sánchez, explicando brevemente que los campesinos defendían el cultivo de la hoja de coca, tradicional en Bolivia, pero que el país debía cumplir un tratado internacional para erradicarla.

Cuando acabó su testimonio, los abogados de los demandantes rechazaron hacerle preguntas al acusado.

Se espera que esta semana continúen las declaraciones de testigos para pasar luego a la fase de consultas con expertos.

- Medidas necesarias -

El descontento contra "Goni" (1993-1997 y 2002-2003) se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos.

El 17 de octubre de 2003, los vecinos de El Alto, ciudad próxima a La Paz, se rebelaron y el gobierno sacó tanquetas militares a las calles. Según el Center for Constituional Rights (CCR), ONG que representa a los demandantes, "en total masacraron a 58 ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de las comunidades indígenas aymaras".

Lozada dimitió y huyó ese día hacia Estados Unidos. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa y, en 2006, asumió Morales.

María Muñoz, la entonces jefa de gabinete de Sánchez de Lozada, relató que la huida en avión se hizo en medio de tiroteos y de gente que intentaba romper la cerca del aeropuerto.

Joseph Sorkin, abogado de los demandantes, mostró dos cartas confeccionadas por Muñoz bajo dictado de Sánchez Berzaín, y firmadas por el presidente en septiembre y octubre de 2003, en las que Goni ordenaba a las Fuerzas Armadas tomar las "medidas necesarias" para restablecer el orden.

Al tribunal asistían los ocho demandantes de origen aymara; las mujeres vestidas con faldas tradicionales y el largo cabello trenzado. Del otro lado de la sala, contrastaba el equipo del expresidente con sus trajes negros.

El jurado está compuesto por seis afroestadounidenses, tres blancos y un hispano de origen venezolano, el único que el día de la selección dijo tener noción de la política boliviana. Todos ignoraban los hechos de 2003.

Los abogados de "Goni" hacen frecuentes alusiones al hecho de que los demandantes defienden el cultivo de coca, aclarando siempre que ésta es la materia prima de la cocaína.

Los abogados de los demandantes, de su lado, insisten en los relatos de abuso policial cometidos durante los disturbios y las expresiones racistas expresadas por el alto mando militar.

La demanda civil se basa en el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros (ATS por sus siglas en inglés) y en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA).

La primera permite a un extranjero iniciar un juicio civil contra otro en tribunales federales estadounidenses por un delito cometido fuera de ese país, mientras la segunda hace posible la presentación de demandas civiles en cortes estadounidenses en contra de personas acusadas de haber cometido o incitado torturas o ejecuciones extrajudiciales.