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Multitudes rechazaron excarcelar a exmilitares de dictadura argentina

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Buenos Aires (AFP)

Decenas de miles de personas marcharon el sábado en Buenos Aires y otras ciudades argentinas contra el posible beneficio de prisión domiciliaria a exmilitares condenados por crímenes en la dictadura, a 42 años del último golpe de Estado.

"Ni un paso atrás, ni un genocida suelto", dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, oradora principal del acto en la capital, frente a la casa de gobierno, ante una muchedumbre que colmaba 20 cuadras de las céntricas avenidas de Mayo, Saénz Peña y 9 de Julio, según canales de noticias y cálculos de la AFP.

Manifestaciones multitudinarias se realizaron en decenas de plazas de ciudades en todo el país para rechazar que los condenados purguen las penas en sus casas.

Al frente de las marchas estuvieron las organizaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos de desaparecidos, Familiares de expresos políticos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

"En este 24 de marzo, el llamado a la unidad resulta necesario por el reclamo de la libertad de los presos políticos, para denunciar los retrocesos en las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, la lentitud en los procesos judiciales y la pretensión del gobierno del otorgamiento indiscriminado de las domiciliarias a los genocidas", se indicó en un comunicado conjunto.

Hace menos de una semana, el exmarino Alfredo Astiz, alias "El Ángel de la muerte", condenado a cárcel de por vida y emblema de la dictadura (1976-83), apareció en una lista del gobierno del presidente Mauricio Macri de posibles beneficiados con prisión en su casa por razones de salud.

"El mayor despropósito del gobierno es querer liberar a genocidas de hechos aberrantes que no deberían repetirse nunca más y tienen que ser castigados", dijo la líder de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, a radio La Patriada.

- Los crímenes de Astiz -

Astiz es un excapitán de 67 años, sobre el que pesan dos sentencias a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, entre ellos los crímenes de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, la adolescente sueca Dagmar Hagelin y el escritor y periodista Rodolfo Walsh.

Su nombre apareció en un listado de 1.436 internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión, según el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Más de un centenar de los posibles beneficiados son represores de la dictadura con condena firme.

Astiz sufre de cáncer, enfermedad que para el SPF justificaría que purgue su pena en su domicilio.

Su caso es similar al del condenado a perpetua y exjefe policial Miguel Etchecolatz, que fue beneficiado con prisión domiciliaria, pero luego un tribunal ordenó que volviese tras las rejas luego de manifestaciones y protestas.

Etchecolatz fue un temido torturador y jefe de escuadrones de la muerte.

Villaflor y las religiosas fueron arrojadas al mar desde aviones en los llamados "vuelos de la muerte". La decisión de que se cumplan prisiones domiciliarias o no está ahora en manos de la justicia.

Más de 850 exmilitares y expolicías recibieron severas condenas por crímenes de lesa humanidad desde que fueron derogadas las leyes de amnistía en el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Organismos humanitarios calculan en 30.000 los desaparecidos en dictadura y en 500 los bebés apropiados, hijos de prisioneros políticos. Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir a sus familias a 127 de aquellos nietos robados.

El exdictador Jorge Videla, señalado en los juicios como el mayor responsable de los delitos de lesa humanidad, murió en una celda común en 2013.

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