Ultraderecha española se inmiscuye en la acción judicial contra los independentistas catalanes

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Madrid (AFP)

Detras de la acción de la justicia española contra los líderes del separatismo catalán se perfila el activismo del pequeño partido de ultraderecha Vox, fundado hace cuatro años y que se sumó a la acusación.

Vox (voz, en latín) se arroga un papel clave, aprovechando la figura de la acusación popular, que en el derecho español permite a un particular o una organización recurrir a la justicia sin estar directamente implicado en el caso ni ser víctima del delito.

Su secretario general, el abogado Javier Ortega, se ha atribuido desde 2017 un papel de acusador en la investigación dirigida contra dirigentes catalanes por su infructuoso proceso separatista.

Suele adoptar posiciones más duras que la fiscalía, que por su lado ha mostrado desde el inicio una posición muy firme ante los independentistas.

"Cuando un acusado comparece delante del juez de instrucción en el Tribunal Supremo, Javier Ortega hace preguntas al acusado y a los testigos", explica a la AFP el presidente de Vox, Santiago Abascal, aunque por lo general los acusados deciden no responder a esas preguntas.

"También tenemos derecho a decir cuál es nuestra postura al juez", añade. Vox acusa de "debilidad" al gobierno conservador de Mariano Rajoy, y tacha de "enemigos" a los separatistas catalanes.

Defiende también que habría que ilegalizar los partidos secesionistas, que en las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña renovaron su mayoría de escaños. Y cree que habría que retirar competencias políticas a las regiones y devolvérselas al Estado central.

- En busca de rédito político -

"Esta acusación popular pronto logrará que cumplan largas penas de prisión", afirmó Javier Ortega el 10 de marzo en un teatro madrileño, ante un millar de simpatizantes.

La ofensiva de Vox ha tenido algunos impactos concretos.

"Por ejemplo, el juez (instructor) LLarena ha acordado mantener en prisión a Joaquim Forn (ex ministro regional catalán de Interior) y lo ha hecho a petición de la acusación popular ejercida por Vox", pese a que el fiscal general pedía su puesta en libertad, explica Ignacio González Vega, portavoz de la asociación Jueces por la Democracia. "Si nadie lo pedía, el juez no lo podía acordar", enfatiza.

El abogado penalista Raúl Ochoa destaca que Vox "utiliza el mecanismo de la acusación popular para personarse en esta causa, y obviamente puede hacer política, pero es totalmente legal".

"Es un caso donde se ve a todas luces la interferencia política en la justicia", opina el profesor de Derecho Julio Pérez Gil, muy crítico con la figura de la acusación popular, a la que ha dedicado una tesis doctoral.

"Es un caballo de Troya dentro del sistema, porque que de repente se pone en la acusación un interés privado desconocido, que puede ser económico, político, electoral o publicitario", abunda.

Vox asegura que su activismo judicial le está dando rédito político. "Nuestros mítines se llenan, y el número de militantes crece", afirma su presidente Santiago Abascal. "Todo eso como consecuencia de nuestra posición beligerante como acusación popular, de la cual los medios se hacen eco", añade.

En su último video promocional, el partido presenta como "un héroe" al difunto fiscal general del Estado José Manuel Maza, que lanzó las primeras acusaciones contra los independentistas por "rebelión", aludiendo a un "alzamiento violento" que, según otros juristas, no se produjo en Cataluña.

Tras obtener un ínfimo 0,20% en las elecciones legislativas de junio de 2016, Vox quiere entrar en el Parlamento Europeo (lo que casi logra en 2014) y luego en la cámara baja de las Cortes españolas.

- Contactos con el FN francés -

Vox reconoce puntos comunes con otras formaciones de extrema derecha en Europa. Abascal, un ex diputado del gobernante Partido Popular en el País Vasco, dice que han tenido "algunos contactos" con el Frente Nacional francés.

Sin embargo, el porcentaje de españoles que se ubican en la ultraderecha sigue siendo muy bajo: un 2,5% en enero de 2018, el mismo nivel que veinte años antes, según los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un organismo público.

"En España, la ultraderecha no tiene un partido propio exitoso desde 1977", año de las primeras elecciones democráticas tras la muerte del dictador Franciso Franco dos años antes, expone el historiador Carlos Gil Andrés.

Esto se debe según él a que "el PP recoge ampliamente las sensibilidades e identidades más nacionalistas españolas, conservadoras y católicas en un amplio abanico que va desde el centro político hasta esa extrema derecha".

Según el politólogo Gabriel Colomé, Vox "sigue sin tener peso político y electoral tampoco, y no lo tendrá".

Porque aunque "los independentistas acaben en la cárcel, por mucho que digan que lo han conseguido ellos, la percepción de la opinión sera que lo ha obtenido el PP o Ciudadanos", el partido más votado en las elecciones catalanas de diciembre y opuesto a la secesión de esta región.