México y el ataque armado que enluta al pueblo indígena tzotzil

Claudia Elina Pérez García viste de rojo y sostiene sobre sus piernas retratos de la gente de su pueblo indígena, el tzotzil. Desde el dos de abril se convirtió en desplazada. Duerme en el piso y no tiene dónde cocinar, como otros más de 700 miembros de las comunidades de Aldama, que fueron obligados a abandonar sus hogares en el suroriente de México.

Es del municipio de Aldama y, aunque luce fuerte, se le corta la voz cuando cuenta que la ola de violencia que sufre su país la dejó en la calle, que la sacaron de su casa nada más con la ropa que llevaba puesta y que, todavía, no recibe ayuda del Gobierno.

Ni cobijas, ni colchonetas, ni comida. No tiene nada. Denuncia que la situación que vive es extremadamente precaria y que anhela regresar al que un día fue su hogar. “Somos bastantes, necesitamos volver, necesitamos una vivienda digna para nosotros y para nuestros hijos”, señaló sentada al pie de una jardinera, detrás de la que se paseaban algunos de los que viven el mismo drama.

Y es que el desplazamiento al que se enfrenta Pérez y su comunidad le costó la vida tres personas en la última semana. Dos de ellos tenían menos de 18 años, según lo reportado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, la cual el seis de abril condenó el ataque perpetrado por un grupo armado en Aldama, en el estado de Chiapas.

El del segundo día de abril no es el único hecho violento del que han sido blanco los tzotzil en lo que va del 2018. El 27 de febrero, el mismo grupo forzó a 145 familias a huir de sus viviendas en la cabecera municipal de esa misma población, Aldama, en la que los indígenas permanecen agobiados.

La petición de la ONU ante los ataques contra los indígenas tzotzil

Ante la agonía de indígenas como Pérez, el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, aseguró que es "inadmisible” que los grupos armados continúen operando y que provoquen la muerte de los miembros de estas comunidades, y pidió la intervención urgente de las autoridades para garantizar la seguridad de los desplazados.

Jarab reclamó justicia y Pérez también. No solo para ellos, sino para los miles de indígenas que huyeron de Chalchihuitán a causa de la serie de ataques que produjeron la muerte de varias personas en diciembre de 2017.

La condena de la ONU al suceso del dos de abril va de la mano del requerimiento de una solución clara que permita la resolución del conflicto interno en el que los indígenas se han transformado en objeto de amenazas y violaciones a los Derechos Humanos.

Organización de Derechos Humanos denuncia la impunidad del estado méxicano

Mientras que la ola de violencia baña de lágrimas a estas comunidades, el registro de afectados aumenta. Pedro Faro, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, precisó que, hasta el momento, fueron reportados 747 desplazados.

“Se está afectando a población del municipio de Aldama, donde hay también bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se está creando un clima de violencia donde ya hay costos muy lamentables, como la muerte de tres personas”, explicó Faro en medio de la preocupación.

El CDH Fray Bartolomé de las Casas también denuncia la falta de repuesta del estado. "La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tzotziles... El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia", dijo.

Faro viste de negro y Pérez viste de rojo. El primero trabaja por los derechos de los desplazados y la segunda es desplazada. Él lo denuncia. Ella lo sufre. Pero ambos lamentan el impacto del conflicto que enluta al pueblo indígena tzotzil.

Con EFE