Amnistía exige que Brasil aclare el asesinato de la concejala Marielle Franco

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Río de Janeiro (AFP)

Amnistía Internacional exigió este viernes que las autoridades brasileñas esclarezcan el brutal crimen de la concejala Marielle Franco, una activista de los derechos humanos asesinada a sangre fría un mes atrás en Rio de Janeiro.

Franco, una socióloga de 38 años oriunda de una favela, fue acribillada dentro de su automóvil junto con Anderson Gomes, el conductor que la transportaba.

El episodio conmovió al país, pero por el momento no hay detenidos ni hipótesis firmes para resolverlo.

"La sociedad precisa saber quién mató a Marielle y por qué. Cada día que pasa, y el caso permanece sin respuesta, el riesgo de amenazas a los defensores y defensoras de los derechos humanos aumenta", dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil en una nota.

Franco era una aguda crítica de la violencia policial en las barriadas pobres y su figura como portavoz de minorías, en particular de las mujeres negras y de la comunidad LGBT, estaba en plena expansión.

"El Estado debe garantizar que el caso sea debidamente investigado y que tanto aquellos que efectuaron los disparos, como los que fueran autores intelectuales del homicidio, sean identificados. De lo contrario, el mensaje es que los defensores de los derechos humanos pueden ser asesinados y su crimen quedar impune", añadió Werneck.

La noche del homicidio perpetrado en una zona céntrica de Rio de Janeiro fueron efectuados 13 disparos desde un vehículo a solo dos metros de distancia, todos dirigidos al lugar en el que estaba sentada la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL, izquierda), pero que también acabaron matando a Gomes y rozaron a una asesora de Marielle.

Franco, que venían de participar de un debate público, recibió cuatro impactos y falleció.

"Brasil es uno de los países donde más se mata defensores de los derechos humanos. Sólo en 2017, por lo menos 58 fueron asesinados", señaló Amnistía.

El crimen ocurrió, paradójicamente, cuando el ejército llevaba casi un mes al mando de la seguridad de Rio de Janeiro, una polémica intervención decretada por el presidente Michel Temer ante la violencia desatada en el estado desde el fin de los Juegos Olímpicos-2016.