La justicia belga aplaza la vista sobre la euroorden contra exconsejeros catalanes

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Bruselas (AFP)

La justicia belga aplazó este miércoles la audiencia sobre la euroorden contra los exconsejeros catalanes al 16 de mayo a petición de la fiscalía, que "pide informaciones adicionales a España", indicó uno de los abogados de la defensa, Paul Bekaert, al término de la vista de unos 15 minutos.

"El caso se aplazó al 16 de mayo" porque la fiscalía "pidió informaciones adicionales a España", explicó a la prensa Bekaert, en el imponente Palacio de Justicia de Bruselas, precisando que el ministerio público tampoco se pronunció por el momento sobre si apoya la entrega a España y por qué delitos.

La justicia belga examina así por segunda vez una petición de extradición contra los políticos catalanes. Tras retirar la primera euroorden cursada en diciembre, el juez de instrucción del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, decidió reactivarla a finales de marzo tras redefinir los delitos.

Antoni Comín, exconsejero de Sanidad del entonces gobierno regional del presidente Carles Puigdemont, es el único de los tres exconsejeros presentes en Bélgica que une la acusación de rebelión a la de malversación.

La exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret, y su par de Cultura, Lluís Puig, enfrentan por su parte las acusaciones de malversación y desobediencia.

El juez belga debe ahora estudiar la petición enviada por España y decidir si extradita a los políticos independentistas y en virtud de qué cargos. A la espera de la decisión, la justicia decidió el 5 de abril dejarlos en libertad condicional.

En Alemania, un tribunal del Estado de Schleswig-Holstein decidió por su parte poner en libertad condicional a Puigdemont tras rechazar por el momento la acusación de rebelión y mientras sigue estudiando el delito de malversación de fondos.

La decisión judicial representó un revés para las autoridades españolas ya que, en virtud de esta herramienta de cooperación judicial en la UE, Puigdemont sólo podría ser juzgado en España por los cargos retenidos por el juez alemán.

De confirmarse la extradición únicamente por malversación de fondos, que en su forma agravada acarrea 12 años de cárcel, Puigdemont se libraría de ser encausado por rebelión, un delito penado en España con hasta 30 años de prisión.

La exconsejera de Educación Clara Ponsatí, residente en Escocia, también se enfrenta a una euroorden contra ella por los mismos delitos que Puigdemont y Comín. En su caso, la justicia británica dijo este jueves que no tomará una decisión al menos hasta agosto, según su abogado.

Los cinco políticos se trasladaron inicialmente a Bélgica a fines de octubre de 2017, tras la destitución del ejecutivo regional catalán, ahora bajo control del gobierno central de Madrid, a raíz de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.