Perú dividido ante propuesta de anular juicios a los militares

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Lima (AFP)

Una propuesta del presidente del Congreso de Perú de anular los juicios a los militares por violaciones a los derechos humanos en la represión contra las guerrillas, divide a un país sorprendido por la excarcelación de un líder histórico de Sendero Luminoso.

"Por qué no con valentía el Congreso se decide a poner fin a los juicios que afrontan los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que se les ha abierto por defender a la Patria", dijo el domingo el jefe del legislativo, el fujimorista Luis Galarreta.

Algunos analistas advirtieron este lunes que este tipo de iniciativas han sido contraproducentes, pero otros apoyaron la propuesta.

"Hay otras experiencias en América Latina que demuestran que esos intentos de liquidar los juicios a militares, a través de una ley, han sido negativos", declaró el analista político Fernando Rospigliosi a la AFP.

A los militares que derrotaron a las guerrillas "les han arruinado la vida con procesos", se quejó el analista político José Barba.

El jefe del Congreso lanzó su propuesta al encabezar un acto en tributo a los 140 militares que en abril de 1997 recuperaron la residencia del embajador de Japón y rescataron a 71 rehenes en una incursión que dejó 17 muertos: 14 guerilleros, dos militares y un rehén. El hecho ocurrió en el gobierno de Alberto Fujimori, descendiente de japoneses.

"Hay una deuda de los políticos y de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas y Policiales y se debe saldar sin temor a lo que digan los medios de comunicación", afirmó Galarreta, cuyo partido Fuerza Popular (derecha populista), liderado por Keiko Fujimori, controla el parlamento unicameral.

- Casi mil uniformados procesados -

La invocación cae en un momento potencialmente propicio para quienes buscan amnistía para los 977 militares y policías procesados por supuestos excesos en la guerra contra el grupo maoísta Sendero Luminoso y el guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), entre 1980 y 2000.

El cautiverio en la residencia japonesa duró 126 días, uno de los más extensos del mundo, y fue protagonizado por un comando del MRTA.

Políticos, incluido el presidente Martín Vizcarra, y buena parte de los peruanos de a pie están indignados por la excarcelación el viernes del exnúmero dos y exjefe militar de Sendero, Osmán Morote, quien afrontará ahora en detención domiciliaria un juicio por un atentado con coche-bomba que dejó 25 muertos en Lima, en 1992.

"Mientras los terroristas que destruyeron y sangraron al país se les llena de privilegios y se les trata con guantes de seda, a los militares y policías que derrotaron a estas lacras les han arruinado la vida con procesos que tienen más de 30 años. Esta doble moral da asco", tuiteó Barba.

- Ejecuciones y desapariciones -

La ola de rechazo a la excarcelación de Morote podría abrir las puertas a una eventual ley en beneficio de los militares. Esto ya lo hizo en 1995 el entonces presidente Alberto Fujimori, que amnistió a una decena de militares de un escuadrón de la muerte.

Sin embargo, esa amnistía fue revocada a la caída de Fujimori el año 2000 y los beneficiados volvieron a prisión.

"Se está subiendo a la ola de indignación por Morote, es un aprovechamiento político de una situación", apostilló Rospigliosi.

La excarcelación desnudó los problemas de Perú para voltear una página cruenta de su historia: el conflicto interno que desató Sendero Luminoso, que duró dos décadas y dejó casi 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Morote, de 73 años, quedó en prisión domiciliaria tras pasar 30 años tras las rejas por una condena por terrorismo.

"Queremos que la ley se aplique para todos", dijo a la prensa el exministro de Defensa, general retirado Roberto Chiabra, al pedir igual trato para militares.

La justicia peruana tiene procesos pendientes contra 977 militares, de los cuales 677 son oficiales, según el general en retiro José Williams, jefe del rescate de los rehenes en la residencia diplomática nipona.

Según Rospigliosi, "los juicios a militares se prolongan desde hace décadas porque las Fuerzas Armadas traban el avance".

Esa actitud se expresa en la negativa del ministerio de Defensa a entregar a los jueces los nombres reales de los oficiales, que usaban seudónimos durante el conflicto interno.

La mayoría de los casos contra militares son por crímenes contra la humanidad, que no prescriben.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación señaló en su informe final en 2003 que "las violaciones más graves de los derechos humanos por parte de agentes militares fueron: ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes".