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En Colombia aumenta cada año el asesinato de líderes sociales

Líderes sociales entonan consignas durante una protesta contra la militarización y la falta de programas sociales en la Comuna 13, en Medellín, departamento de Antioquia, Colombia el 28 de abril de 2018.
Líderes sociales entonan consignas durante una protesta contra la militarización y la falta de programas sociales en la Comuna 13, en Medellín, departamento de Antioquia, Colombia el 28 de abril de 2018. Joaquín Sarmiento / AFP

En el 2016 Colombia puso fin a décadas de conflicto armado con la exguerrilla de las FARC, pero la implementación del acuerdo de paz tuvo su lado oscuro y ese mismo año se dispararon las cifras de asesinatos de líderes sociales.

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En Colombia, mientras la confrontación armada y su enorme legado de víctimas dejaba de ser noticia de todos los días gracias a la firma e implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, un nuevo fenómeno se torna cada vez más evidente y violento: el incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

Según cifras del Programa Somos Defensores, en 2014 se registraron 55 asesinatos a líderes sociales, en 2015 fueron 63 los casos y la cifra continuó creciendo hasta llegar a 80 en 2016 y trepó a 106 en 2017. Lo preocupante es que la tendencia se mantiene en lo que va corrido de 2018.

Si bien no existe un estándar en cuanto a la los responsables y la mayoría de los atacantes no fueron identificados, sí existen determinados patrones en los perfiles de las víctimas. En este sentido, Carlos Guevara, miembro del Programa Somos Defensores, señala que “los líderes que están siendo asesinados son líderes de las bases, que están en los territorios, en lo más profundo de Colombia o en zonas rurales y es allí donde se encuentra la violencia. Estos líderes son asesinados porque ellos pueden llevar a cabo la implementación de los acuerdos a nivel local”.

Esta profundización de la violencia contra activistas obedece, según Guevara, a varias situaciones. La primera está directamente asociada a los acuerdos de paz y aquellos que se dedican a impulsar la materialización de la paz son objeto de persecución, intimidación y violencia. Por otro lado, cada vez son más evidentes otras problemáticas que no estaban asociadas al conflicto y que generan violencia contra los líderes; por ejemplo las denuncias por corrupción o por temas de minería y defensa de la tierra y el territorio.

Las investigaciones de los asesinatos aún no dan con los autores intelectuales

Lo responsables intelectuales de la mayoría de estos homicidios todavía no se conocen. En algunos casos se conocen a los autores materiales, pero se desconocen a quienes estuvieron detrás de esos asesinatos.

De esta manera el fenómeno todavía no ha podido ser atacado de manera efectiva.

Según la organización Indepaz, la mayoría de los homicidios se concentran en zonas del país con altos niveles de militarización, donde históricamente tenían presencia las FARC. Además, muchos de los homicidios se presentan, de acuerdo a la organización, en zonas en donde existen conflictos de control territorial y disputas por rentas y recursos naturales.

Organizaciones sociales denuncian indiferencia del Gobierno

Una problemática surgida a la luz del silencio de los fusiles, según organismos de derechos humanos, es que el Gobierno y quienes aspiran al sillón presidencial han dado la espalda al flagelo.

En este sentido Carlos Guevara apunta que “ningún candidato a la Presidencia de la república tocó, durante sus campañas, el tema de la protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos, ni existe un plan del gobierno que toque el tema y que señale como prioritaria la protección y salvaguarda de este tipo de activistas”.

De esta manera, quien llegue al Palacio de Nariño en agosto, tendrá en sus manos el destino de un histórico acuerdo y deberá además hacer frente a las complejas realidades derivadas de su implementación.

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