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EE: UU. niega haber perdido el rastro de 1.475 niños que entraron de forma ilegal al país

Los miembros de una caravana de migrantes de América Central y sus simpatizantes miran a través del muro fronterizo entre EE. UU. y México antes de presentar una solicitud de asilo, en San Diego, EE. UU. el 29 de abril de 2018.
Los miembros de una caravana de migrantes de América Central y sus simpatizantes miran a través del muro fronterizo entre EE. UU. y México antes de presentar una solicitud de asilo, en San Diego, EE. UU. el 29 de abril de 2018. Herika Martinez / AFP

Ante el miedo de que los menores caigan en redes de tráfico de personas, voces políticas y sociales piden una mayor regulación de la ley que permite la separación de los niños de sus familias cuando entran a EE. UU. de forma ilegal.

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En abril de 2018 el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, encargado de supervisar la estancia de niños indocumentados en el país, admitió no haber podido mantener contacto telefónico con 1.475 niños inmigrantes que habían quedado bajo la tutela del Estado después de que sus padres fueran aprehendidos por las autoridades tras entrar ilegalmente a Estados Unidos.

El oficial de la entidad, Steven Wagner expuso estos datos durante una intervención en una audiencia del Senado a finales de abril. Sin embargo, en la noche del lunes 28 de mayo, Eric Hargan, el subsecretario de la entidad negó que los niños estuvieran perdidos:

"Estos niños no están perdidos, sus patrocinadores, que generalmente son padres o familiares, a quienes se les ha revisado los antecedentes criminales en todos los casos; simplemente no respondieron o no pudieron ser contactados cuando realizamos la llamada voluntaria", explicó.

Además, Hargan emitió un comunicado y una hoja informativa en la que sostuvo que la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud intentó dar seguimiento a la liberación de niños no acompañados en 2016 contactando a sus familias, algo que, según Hargan, esa entidad no estaba obligada a hacer.

La ley que pone en peligro a los niños fue aprobada inicialmente para luchar contra el tráfico de menores

A pesar de que días atrás el presidente Donald Trump culpó a los demócratas por la ley actual, que permite separar a los niños de sus padres una vez cruzan la frontera, ha sido él mismo el principal impulsor de esta política de separación con miras a desmotivar la migración ilegal proveniente desde México y Sudamérica.  

Lo cierto es que la legislación que permite la separación de las familias fue aprobada por unanimidad por las dos cámaras del Congreso en 2008 y su objetivo era luchar contra el tráfico de menores.

La ley establece que durante las primeras 48 horas de ser detenido un inmigrante menor de edad indocumentado, este pasa a ser custodiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, no establece si las familias deben permanecer unidas o no; lo que crea un vacío legal que permite la separación familiar.

La pérdida de la pista los 1.475 niños levantó críticas contra las políticas migratorias

La falta de respuestas certeras por parte de la Administración a la hora de especificar el paradero de los menores ha levantado revuelo en los últimos días. Los abogados que representan a los inmigrantes han dicho que estas políticas son crueles e inhumanas. Congresistas demócratas también se han manifestado en contra de estas medidas.

La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Lujan Grisham, calificó de "atrocidad" que Estados Unidos decida separar a los niños que llegan a la frontera de sus familias y consideró que se trata no solo de una política "cruel" sino también "ineficaz".

La congresista insistió además en que todas las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump, como la cancelación del Programa de Acción Diferida (DACA) que protegía a los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores", o el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el presidente Trump ha cancelado para numerosos países, son decisiones "diseñadas para castigar" a los inmigrantes.

Sin embargo, al parecer esta situación no hacer parte de las prioridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados. En el informe publicado el lunes, sus dirigentes expresaron mayores inquietudes por los gastos adicionales que pueda estar costando este programa al Estado.

"Nunca se pretendió que fuera un sistema de cuidado de crianza con más de 10.000 niños bajo custodia a un costo inmediato para el contribuyente federal de más de mil millones de dólares por año", dice el informe. Este también indica que la única solución al problema es "cambiar la ley federal para que los inmigrantes ilegales sean devueltos después de que sean detenidos".

Con Reuters

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