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OEA dice que hay evidencia para llevar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional

 El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asiste a una reunión con bancos e instituciones financieras representantes en el Palacio Miraflores en Caracas, Venezuela el 29 de mayo de 2018
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asiste a una reunión con bancos e instituciones financieras representantes en el Palacio Miraflores en Caracas, Venezuela el 29 de mayo de 2018 Reuters

Un informe de la OEA acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de crímenes contra la humanidad y recomienda un juicio en la Corte Penal Internacional. Defensores de Maduro tacharon el informe de "ilegal".

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Una investigación realizada por un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) determinó que el Gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, cometió delitos de lesa humanidad y dijo tener indicios para llevarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde Washington, sede de la OEA, Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembro del panel, afirmó en rueda de prensa que en el país sudamericano se han realizado 131 asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado o por los “colectivos” que los apoyan.

Cantón agregó: "este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad".

Los crímenes recogen denuncias de patrones de abusos contra la población civil, miles de personas detenidas arbitrariamente, más de 1.300 presos políticos e incluso 192 casos de violencia sexual.

Los expertos recomiendan que la OEA remita el informe a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, a quien le pide abrir una investigación contra los principales responsables del Gobierno.

La información se recogió a través de audiencias públicas en las cuales comparecieron representantes de la sociedad civil, víctimas del Gobierno venezolano, familiares de los presos y los exiliados. También se tuvieron en cuenta informes de ONGs de derechos humanos.

En respuesta, los representantes de Venezuela ante la OEA tacharon el informe de ser el “resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio” del derecho internacional.

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