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México: el debate sobre la corrupción se apodera de la campaña presidencial

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A casi un mes de las presidenciales el Gobierno de México admite que la corrupción es “real, grave e inadmisible”. La organización Transparencia Internacional situó a ese país en el sitio 135 de 180 en su Índice de Percepción de la Corrupción.

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“Ya se me metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción porque daña a México”, dijo este martes 29 de mayo durante un acto en el municipio de Papantla, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador, candidato puntero en las encuestas (52% según el diario Reforma).

Acabar con la corrupción desde su primer año de gobierno es una promesa que se ha hecho habitual en la campaña del candidato de izquierda, para quien este “es el principal problema de México”.

De acuerdo con el diario digital Sin Embargo, hasta enero, 28 gobernadores no han justificado el uso de más de 140.000 millones de pesos que eran parte del financiamiento público para sus estados. De todos ellos solo dos enfrentan procesos por malversación de fondos públicos: el exgobernador de Veracruz Javier Duarte y el de Quintana Roo Roberto Borge.

La percepción de la corrupción por parte de los Mexicanos es elevada. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 91% de los ciudadanos considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.

Así, la Secretaria de la Función Pública Arely Gómez tuvo que reconocer en la presentación de su informe ante el Senado de la República que “las personas servidoras públicas y el Gobierno Federal, gozan del 38.7 y 25.5 por ciento de confianza ciudadana”.

La funcionaria defendió las acciones del gobierno federal para poner freno a la corrupción haciendo énfasis en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, un mecanismo que creó una Fiscalía, un Comité de Participación Ciudadana y que da la opción a los funcionarios para presentar sus declaraciones patrimoniales.

Pero el nombramiento de un fiscal anticorrupción se encuentra detenido en las Cámaras, por lo que la Fiscalía no está en funciones. De acuerdo con Open Society el sistema anticorrupción a nivel local solo se ha implementado con éxito en uno de los 32 estados que integran la República.

El tema de la corrupción ha estado presente desde el principio de las campañas

En gira por Michoacán, uno de los estados más violentos del país, López Obrador del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) declaró que los políticos corruptos roban 500 mil millones de pesos cada año.

La pugna entre candidatos para revelar quién está más cerca de actos de corrupción o incluso quien los ha cometido, se ha posicionado en el centro de las campañas.

José Antonio Meade del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusa a López Obrador de no haber declarado la propiedad de dos departamentos. El candidato de izquierda declaró por su parte que esos departamentos pasaron a ser propiedad de sus hijos tras la muerte de su primera esposa.

Desde un inicio, el abanderado del PRI se declaró “un candidato con un perfil limpio” y defendió que durante su gestión al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministerio de Hacienda), colaboró en la detención de los gobernadores acusados de desvío de recursos públicos. Como sea, a él mismo se le acusa de no investigar el desvío de recursos durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición que unió a los partidos de izquierda y de derecha de mayor tradición, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la revolución Democrática (PRD), se enfrenta a una posible denuncia por estar involucrado en la compraventa de una nave industrial en la que podría estar involucrada una persona investigada por lavado de dinero.  

Las organizaciones no gubernamentales advierten que México necesita ayuda en la lucha contra la corrupción

La corrupción no solo ataca la esfera económica. La organización Open Society presentó al inicio de mayo el informe Corrupción que mata: Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad. En este se detalla la colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado. La penetración de organizaciones criminales en las esferas de gobierno ha provocado un repunte en los delitos y una baja en la investigación.

La asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la consultoría Integralia presentaron el informe ‘Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México’. De acuerdo con los autores, las principales fuentes de financiamiento de las campañas políticas provienen de recursos públicos, fondos privados ilegales y financiamiento de organizaciones criminales.

El documento revela que “por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la oscuridad”. El gasto público oficial para sostener el sistema electoral tan solo para 2008 supera los 28.000 millones de pesos (1.200 millones de euros).

Ya en febrero pasado la organización Transparencia Internacional situaba a México en el sitio 135 de 180 de su Índice de Percepción de la Corrupción. El país era también el peor evaluado de los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

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