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Nicaragua y el olor de la muerte

Un grupo de familiares junto al ataúd en el que reposaba el cuerpo de Agustín Mendoza, uno de los manifestantes que murió el 14 de junio de 2018 en medio de las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en Tipitapa, Nicaragua.
Un grupo de familiares junto al ataúd en el que reposaba el cuerpo de Agustín Mendoza, uno de los manifestantes que murió el 14 de junio de 2018 en medio de las protestas en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en Tipitapa, Nicaragua. Oswaldo Rivas / Reuters

Ante los cerca de dos meses de protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, el dolor de la muerte rodea a las familias de los más de 200 manifestantes que han perdido la vida en las calles del país.

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Nicaragua huele a muerte. Al interior de sus casas, cerca de 200 familias sienten el hedor de su llegada. A ellos, como a la mayoría de habitantes del país, les pesa la pena de haber perdido a sus hijos, padres y hermanos, los que ante los ojos de la comunidad internacional tienen un solo nombre: los manifestantes.

Faltan dos días para que la ola de protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega cumpla dos meses y, en medio de las expresiones de rechazo al mandato, las balas siguen apagando cuerpos y destinándolos al encierro de un frío ataúd.

La familia de Agustín Ezequiel Mendoza ya lo sufrió. Cuatro de sus miembros lo lloraron al pie del féretro azul y blanco en el que descansó su espalda. Su funeral fue el 14 de junio, pero el dolor les durará toda la vida.

Mendoza murió de un disparo, como buen número de sus hermanos: los manifestantes. Ante su muerte y la de sus compañeros de lucha, un día después de su sepelio, la agencia de noticias EFE informó que Nicaragua aceptó “invitar de manera inmediata” a la ONU, la OEA y la Unión Europea para que investiguen los decesos.

El reporte lo hizo el cardenal Leopoldo Brenes, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien participó en una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica. Pero en las calles aún no hay paz. La falta de consenso entre las partes, motivó la suspensión de la mesa en días pasados y, con ella, el hervor del inconformismo.

El abrazo de una mujer y su hijo liberado por la Policía tras haber sido arrestado por participar en una protesta en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 13 de junio de 2018.
El abrazo de una mujer y su hijo liberado por la Policía tras haber sido arrestado por participar en una protesta en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 13 de junio de 2018. Oswaldo Rivas / Reuters

Las indagaciones buscarán dar con los responsables de las muertes. Una petición que los familiares hacen a gritos cada vez que se suma el nombre de un nuevo manifestante a la lista negra.

Pese a las diferencias, Brenes aseguró que los participantes en la mesa lograron llegar a un acuerdo de seis puntos. El prioritario: el esclarecimiento de los hechos, para lo que demandaron la presencia de la CIDH con el fin de que el olor de la muerte no penetre más hogares.

De puertas para afuera la batalla sigue. Los bloqueos en las arterias viales son mantenidos por los manifestantes tras las barricadas hechas con tanques de metal, piedras y pedazos de concreto.

El cardenal Brenes indicó que, tanto el Gobierno como la Alianza Cívica, pactaron el cese de la violencia “venga de donde venga”, que acabarán con los bloqueos y que crearán una comisión que verifique las condiciones de seguridad.

La incertidumbre ante la propuesta de elecciones anticipadas

El 7 de junio, la Iglesia Católica le planteó al presidente Ortega la posibilidad de que convoquen unas elecciones anticipadas. Los comicios se llevarían a cabo en marzo de 2019. Pero, como aún nada está claro, la mesa se reunirá hoy, nuevamente, para discutirlo.

La alternativa, contempla que la posesión de las autoridades que resulten electas en las votaciones sea el 15 de abril del próximo año, y fue explicada por los obispos de Nicaragua a través de una carta que recomienda el establecimiento de un acuerdo político y constitucional.

De ser aprobado el acuerdo planeado por la Iglesia, los magistrados del Consejo Supremo Electoral tendrán que renunciar y ser sustituidos, todo en el marco de un proceso de renovación de la estructura y de la Ley Orgánica a la Asamblea Nacional, que deberá ser reformada con cambios que se harían efectivos antes de que termine el 2018.

El veto a la reelección presidencial es una de las claves de la reforma que pondría fin a la secuencia violenta que ya deja a decenas de madres sin hijos y decenas de hijos sin voz.

La carta de respuesta de Ortega precisa que los puntos serán “considerados”, indicación que, según los manifestantes, no basta para detener la más sangrienta marea de protestas desatada en el país desde 1980, década en la que él también era el presidente.

Los señalamientos por corrupción que pesan en su contra atenúan la situación, son como el viento que aviva el fuego en el que la leña es la reforma a la seguridad social, la misma que convierte a Nicaragua en un territorio en crisis que llora ante el olor de la muerte.

Con EFE y Reuters

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